En el marco de la tercera semana del aislamiento social, preventivo y obligatoria que regía en todo el país, el viernes 3 de abril se registraron filas de jubilados y beneficiarios de seguros sociales frente a diferentes bancos a lo largo y ancho de la Argentina. 

La imagen que recorrió e indignó en iguales proporciones no fue ajena para el Presidente, quien criticó públicamente el hecho de que cobrar un beneficio o jubilación pueda “convertirse en un riesgo para la salud”. 

Fue a partir de este punto que se estableció el actual cronograma de pagos según los números de DNI de los beneficiarios en cuestión. 

La intención de incorporar en la batería de medidas un subsidio de $10.000 a algo menos de ocho millones de beneficiarios no prestó el dinamismo anunciado el día 23 de marzo. 

Precisamente por tratarse de un ingreso de emergencia, el malestar del Ejecutivo se ampara en que el calendario de pagos iniciado el pasado 3 de abril terminará de ser abonado el 1 de julio. 

En adición a este punto, además de las dificultades técnicas denunciadas por solicitantes que cumplían los requisitos exigidos, desde la ANSES se argumentó que la demora tuvo que ver con la capacidad de procesar las operaciones por parte de las entidades mediadoras. 

Con menor atención pero gran relevancia es que en las últimas horas se conoció la continuidad en los Directorios de empresas privadas de 50 directores designados por la anterior administración que ejecutarán su rol en representación del Estado.

Es decir, el Estado perdió la representación en empresas como Techint, espacio en que el mandatario nacional tenía intenciones de poner personas cercanas a la administración que encabeza.