Hace siete años atrás, el Poder Ejecutivo promulgaba la Ley de Identidad de Género (26.743), que le otorgó a toda persona el derecho a adecuar toda su documentación al sexo, imagen y nombre de pila que desee, sin necesidad de recurrir a la Justicia. La activista travesti Lohana Berkins (fallecida el 5 de febrero de 2016) fue un personaje clave a la hora de implusar esta ley.
Este avance, que fue observado y esperado por miles de personas fuera del Congreso hasta altas horas de la madrugada, posicionó a la Argentina en la categoría de vanguardia por los Derechos Humanos dentro de todo el continente y el mundo entero.
Si bien los sectores más conservadores se resistieron a que el Estado conceda este derecho al colectivo LGBTQI, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la ley se volvió una realidad y la libertad de elegir, una opción.
A la vivencia interna e individual del género se sumó la social y desde ese momento, aunque a dichos sectores no les gustó nada, el derecho a ser quien sos y a llamarte como elegís que te nombren, cambió el paradigma.
Es importante destacar que el género autopercibido puede o no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento y contempla la vivencia personal del cuerpo. Así, el cambio de género en el DNI, por ejemplo, puede tener una modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole o no.