El Senado sancionó por unanimidad la denominada “ley Micaela” por la cual funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado deberán recibir una capacitación obligatoria en materia de género.

La iniciativa toma este nombre en homenaje a Micaela García, una joven entrerriana que fue víctima de un femicidio en abril de 2017.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), como autoridad de aplicación de la norma, deberá certificar la calidad de esas capacitaciones, y tendrá a su cargo las que correspondan a las máximas autoridades de cada poder.

Cada año, el instituto publicará “un informe anual sobre el cumplimiento de lo dispuesto” en la ley, “incluyendo la nómina de altas autoridades del país que se han capacitado”. Además de las cifras cuantitativas, elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo.

Pero lo cierto es que para el 2019, el INAM va a perder el 18% de su presupuesto. En términos reales, el Estado va a invertir menos en un país donde las mujeres mueren cada 30 horas.

45 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones marcaron la aprobación del principal interés que el oficialismo tenía en estas sesiones extraordinarias. 

La ahora ley, promovida por el diputado Diego Bossio, deroga ocho artículos de la Ley 26.736, sancionada en 2011, que declaró de interés público la producción, comercialización y distribución de este insumo.

El proyecto elimina la obligación de comercializar el papel para diario a un precio único y público de pago. Además, desregula la cantidad de producción nacional y de importación de pasta celulosa y papel para diarios a fin de abastecer al mercado local.

Fue en esta resolución que se manifestó la expresidenta Cristina Kirchner, quien sostuvo que este proyecto permite ver “dónde está el poder en Argentina; un poder que se conecta con todas estas bancas de diferente manera pidiendo que acompañen la ley”.

Se aprobó también el pedido de Mauricio Macri para ascender de ministros de primera a embajadores a 12 diplomáticos.

La medida no fue sin polémica dado que entre los ascensos habían varios funcionarios vinculados con el kirchnerismo, otros tienen sumarios administrativos así como casos de maltrato y corrupción. 

El nombre que mayor revuelo generó fue el de Edgardo Malaroda, embajador argentino en Alemania, quien fuera denunciado por corrupción y maltrato laboral por parte de un chofer, una mucama y un mozo de la sede diplomática.

En adición a esto, Malaroda tenía una denuncia grave por acoso laboral interpuesto por una diplomática en el 2014 cuando estuvo de Encargado de Negocios en la embajada en Francia.

El Gobierno deberá esperar al próximo año para impulsar la ley contra la violencia en el fútbol.

La iniciativa logró media sanción en Diputados pero después se trabó en la votación, por lo que tendrá que volver a ser discutida en comisión. 

La Cámara alta tampoco discutió el proyecto de financiamiento de los partidos políticos, por lo que esta iniciativa tampoco se convertirá en ley.