En un tránsito histórico que se remonta hacia el año 1959, el BID se presenta en la actualidad como la principal fuente de financiamiento para el desarrollo social e institucional de América Latina y el Caribe a partir de préstamos, donaciones, asistencia técnica e investigaciones de campo. 

Con cerca de 12.000 millones de dólares anuales en materia de préstamos, la organización está integrada por un total de 47 miembros, de los cuales 26 forman parte de la región (en adición a Canadá y los Estados Unidos), en tanto otros 19 son socios no regionales (como China o la Unión Europea). 

Con una calificación internacional crediticia de AAA mas no sin las tensiones propias a cualquier relación económico-financiera, desde el BID se aprueban préstamos para financiar proyectos que no prestan tamañanos tan colosales como los del Banco Mundial ni así las condiciones de asignación del gasto como los del Fondo Monetario Internacional.

En esto, el peso específico reside en que suelen pagarse tasas más bajas con posibilidad de refinanciamiento a largo plazo, sin generar un impacto político sobre los países y el manejo de sus políticas económicas.

Del pleno de herramientas crediticias, el principal tipo de préstamo brindado por el BID es el de garantía soberana, que implica la oferta de financiamiento a los gobiernos y a las instituciones controladas por el Gobierno para apoyar el desarrollo y proyectos sociales.

Figuran además aquellos préstamos sin esta garantía, en los que el Banco ofrece financiamiento para proyectos del sector privado que contribuyan al desarrollo de la región.

Dentro de la composición accionaria del Banco, en la actualidad y desde siempre Latinoamérica y el Caribe dispone del 50,015% de los votos. Por su parte, el 49,985% se reparte entre los Estados Unidos con el 30%, Canadá con un 4%, Japón 5% y España e Italia que disponen del 1,9%, respectivamente.

Pero en verdad el eje de la discusión actual opera a partir de la lógica de gobernanza del BID y sus implicancias a futuro en un escenario post pandémico por demás complejo.

Lo cierto es que de manera pactada pero no legal se dispuso que América Latina mantenga la presidencia del Banco (algo formalizado desde lo discursivo por Eisenhower en 1959 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas) y una pequeña mayoría del capital, en tanto se coordinó que Estados Unidos preserve la vicepresidencia y algunos vetos informales sobre cómo se maneja el banco. 

Osea que desde su fundación la tradición no escrita era que el Presidente debía seleccionarse entre los candidatos presentados por los 26 países de América Latina, en tanto se presupone son los únicos posibles beneficiarios de los préstamos en cuestión.

Sin embargo, la redireccionada doctrina de América First promovida por la administración Trump, de momento centrada en la República Popular China como mecha electoral, posibilitada a su vez por la indecisión (y desunión) regional, rompió la tradición que para el año pasado festejaba nada menos que seis décadas. 

El Presidente del BID es elegido por la Asamblea de Gobernadores para ejercer funciones durante un periodo de cinco años. Con cuatro presidentes en su haber (Felipe Herrera; Antonio Ortiz Mena; Enrique Iglesias y Luís Moreno), el pasado 27 de julio la secretaría abrió el proceso de propuesta de candidaturas. 

Prontamente el Gobierno de Estados Unidos postuló a Mauricio Claver-Carone, algo que, como fuera advertido pero no canalizado, generó rechazos por no respetar la tradición del BID, así como por el factor electoral en el horizonte.  

Con este antecedente es que la República Argentina comenzó una estrategia algo contradictoria en su génesis y evidenciada en su falta de resultados: Por un lado, planteó en numerosas ocasiones la necesidad de posponer las elecciones hasta pasadas las homólogas en los Estados Unidos, al tiempo que en simultáneo, mantuvo hasta último momento la búsqueda de instalar la candidatura de Gustavo Béliz como representante regional, algo que, tras evidenciar el diezmado apoyo, finalmente no se oficializó.

Como fisura de la primera alternativa, conforme al paso del tiempo y ante la imposibilidad de lograr los consensos necesarios, comenzó a contemplarse el no dar quórum, lo que a diferencia de la postergación que requiere un 50% de los votos, necesitaba alcanzar un 25,01% de voluntades. 

A la luz de los hechos todos los objetivos fracasaron. En primera medida porque más allá de las intenciones de la Argentina, la candidatura promovida por Trump nunca dejó de contar con el sistemático apoyo de una región que indiferente a la tradición histórica solidificó el apoyo sobre Claver-Caron.

Estratégicamente el error parece haber estado en desconocer o pretender revertir esta realidad. Profundizar la figura de Béliz para luego intentar con igual (falta de) suerte aplazar la votación con la falta de quórum, es en última instancia un síntoma.

El verdadero problema parece residir en la erosión, ya no solo institucional y programática de organismos como la UNASUR o la CELAC, sino también de la naturalización plena de las tendencias presidencialistas que refieren los gobiernos de turno, así como la imposibilidad desde esa lógica de generar compromisos incluso en instancias mínimas, aunque necesarias, si la intención de reflotar algo parecido al ideario bolivariano continúa vigente.