Bonus andino. A la dimisión del ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski ocurrida el 23 de marzo de 2018 (salida marcada entre otras cosas por un indulto a Alberto Fujimori y la promesa de destitución del Congreso por, claro, incapacidad moral) y la consecuente asunción de Martín Vizcarra, se sumó algunos meses después la descomposición de casi la totalidad de la cúpula judicial peruana en menos de una semana.
A partir de la filtración de audios (sí, Perú) de conversaciones que evidenciaban el tráfico de influencias, sobornos y sentencias entre miembros del CNM, fiscales, magistrados y empresarios, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dimitió de su cargo el 19 de julio de 2018.
A su alejamiento se añadió la de los restantes miembros del CNM, así como la destitución del por entonces ministro de Justicia, Salvador Heresi, reemplazado por Vicente Zeballos. A partir de ello, el Sistema Judicial peruano se declaró en estado de emergencia durante 90 días.
A partir de lo que venimos viendo podemos pensar que indistintamente del día, mes o año seleccionado, las variables que atravesaron y atraviesan al sistema político peruano no generan grandes rupturas en cuanto a las características propias del sistema político del país y las deficiencias que el mismo presenta.
La coyuntura política peruana se presenta como un inevitable resultado del propio sistema político que la genera. La inestabilidad política, la reciprocidad entre partidos políticos sin una base política sólida y un electorado volátil, la ineficacia estatal, la corrupción y el desencanto ciudadano se presentan como los aspectos que en cualquier período relativamente cercano a la historia describirían al sistema político del país.
En tal sentido es prioritario señalar que el destino de la gran mayoría de los presidentes que han pasado del año 1975 a la fecha ilustra la contundencia de esto: Francisco Morales condenado a cadena perpetua, Alberto Fujimori, si bien indultado, fue condenado a 25 años, Alejandro Toledo con orden de detención y extradición, Alan García investigado y terminó por suicidarse, Ollanta Humala primero detenido, actualmente acusado de varios hechos de corrupción y Pedro Kuczynski inhabilitado a abandonar el país.
Asoma entonces necesario el poder concretar una reforma que enfrente los problemas de representación, el rol de los partidos políticos y la responsabilidad de estos, las funciones del Congreso, la eficacia del Estado y la estabilidad de un sistema político que parece no haberse restablecido de manera eficaz tras el colapso a finales de 1990.
Para una mejor comprensión del sistema político y partidario peruano es necesario realizar una breve mención sobre el autogolpe del año 1992, escenario que termina por producir, como consecuencia de las presiones internacionales resultantes, la convocatoria a elecciones para lo que se llamó el Congreso Constituyente Democrático (CCD).
En un contexto donde el presidente Fujimori contaba con altos niveles de aprobación (a partir de una sustancial reducción de la inflación y la derrota de Sendero Luminoso), sumado a que los principales actores políticos de la oposición optaron por el abstencionismo llamando a viciar el voto, fue que, aunque por un margen estrecho, la elección del CCD otorgó una mayoría absoluta al fujimorismo.
El sistema político peruano en la actualidad presenta como diagnóstico un escenario marcado por la inestabilidad e imprevisibilidad, en el que hay un nivel de fragmentación y volatilidad excesivamente altos generando a su vez que los actores políticos desarrollen conductas oportunistas, y que estén caracterizados por el personalismo excesivo, la inexperiencia, improvisación y cortoplacismo.
Llama la atención la paradójica coexistencia entre, de un lado, las altas tasas de crecimiento económico sostenidas desde el año 2002 en adelante, y del otro, los altos niveles de insatisfacción con el sistema político y aumentos en la conflictividad social; siendo cada vez mayor también la incapacidad del Estado para redistribuir los beneficios del crecimiento y de la elite política para emprender las reformas institucionales necesarias para enfrentar este problema.
La proliferación de nuevos partidos de extremada precariedad ante cada escenario electoral, sumado a la debilidad y prácticamente ausencia de partidos tradicionales con representación política (con excepción del fujimorismo), generan un escenario donde la volatilidad del electorado tiene como correlato la desconfianza de este sobre los partidos políticos del país
En cuanto al Congreso de la República, este poder del Estado también refleja la debilidad de los partidos, que carecen de cohesión interna y una agenda parlamentaria, con lo que prolifera la improvisación, así como la volatilidad propia del Congreso, su conformación y sus niveles de aprobación entre la ciudadanía
Los resultados (resulta difícil denominarlos “avances”) obtenidos en los indicadores sociales, no pueden desentenderse de los insumos con los que el país cuenta a partir de un sostenido crecimiento económico en las últimas casi dos décadas.
Es por ello que los tomadores de decisiones del país deberán repensar el perfil de inserción económico-comercial peruano. Esto no solo ha dado cuenta de sus limitaciones, sino que además se presenta como fuertemente vulnerable a los vaivenes que el mercado internacional pueda tener para con los precios de los commodities y las consecuencias de tipo “dominó” que pueden significar por ejemplo para los sectores calificados como “emergentes”.
Al mismo tiempo, la estructura productiva inherente a este perfil presenta la profunda contradicción entre un país dependiente de la extracción y un sector laboral cuya composición mayoritaria no está incluida en la economía formal del país. Esto, sumado a la “convivencia” desde este sector con el capital internacional y los intereses desde aquí representados, presenta el camino desde el cual se construye la génesis de las desigualdades del país.