A través de una carta firmada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, el Gobierno argentino formalizó el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Una vez finalizadas las reestructuraciones de las deudas con los acreedores privados, tanto locales como externos, comienzan las discusiones sobre la forma de pago de los u$s 44.000 millones que el organismo otorgó a la administración de Mauricio Macri.

“Le estamos escribiendo para requerirle formalmente la iniciación de las consultas para acordar un nuevo Programa con el FMI que suceda al cancelado y descarrilado acuerdo ‘Stand By de 2018’”, indican los firmantes. Hay consenso entre las partes sobre el fracaso de este último acuerdo. No sólo por haber fallado en su objetivo de estabilización económica y financiera, sino además porque el cronograma de devolución del préstamo resulta de imposible cumplimiento para Argentina. La acumulación de vencimientos concentrados entre 2021 y 2023 implican alrededor de u$s 23.000 millones. 

Programas

Guzmán y Pesce hablan de un “nuevo Programa” porque esta es la forma que tiene el organismo de reestructurar sus acreencias. En el caso del Fondo, no es posible realizar una negociación donde se discutan quitas o plazos de gracia. El FMI no funciona como los acreedores privados, ya que se trata de un prestamista de última instancia. Sus programas implican condicionalidades de política económica para garantizar que el crédito sea devuelto. Esto se debe a que es un acreedor privilegiado, un organismo al cual los países acuden en momentos de estrés, cuando se les hace imposible tomar deuda en los mercados voluntarios, con prestamistas privados. 

Los programas que ofrece el Fondo Monetario Internacional, y que están disponibles para Argentina, son dos: 

• Stand By Agreement: En el 2018, el Gobierno de Macri firmó un acuerdo de este tipo. El plazo de devolución de este tipo de acuerdos va de 3 a 5 años. A cambio, el FMI exige el cumplimiento de metas fiscales, es decir, reducir el gasto público para “tener las cuentas en orden”. 
• Extended Fund Facility (Facilidades Extendidas): Está destinado a países con problemas más profundos, por eso tiene un plazo de hasta 10 años para ser devuelto. Pero, el organismo exige no sólo un achicamiento del déficit, sino también reformas estructurales en la economía. 

Un nuevo acuerdo “Stand By” para refinanciar la deuda con el organismo concentraría los nuevos vencimientos hacia el período 2024-2026. Uno de Facilidades Extendidas hacia 2030. Suponemos que la postura de sostenibilidad de la deuda que presenta el ministro Guzmán lo inclinaría por la segunda opción. Diez años sería un período considerable para generar el ahorro necesario para pagar. Sin embargo, es justamente en 2030 cuando comienzan los desembolsos más abultados de la deuda reestructurada con los acreedores privados. De esta forma, en diez años nos enfrentaríamos a un problema casi idéntico al que el ministro estaría resolviendo en estos momentos. 

Condiciones

Como vimos, no sólo se trata de plazos de pago. Las condiciones que impone el Fondo lo hicieron famoso. Tanto el cumplimiento de metas fiscales como la imposición de reformas estructurales son programas de ajuste macroeconómico recetados por el organismo. Las primeras dan más libertad al Gobierno de turno para elegir los sectores sobre los cuales achicar el gasto o cobrar más impuestos. Las segundas son más drásticas: una reforma previsional que eleve la edad jubilatoria y baje sus haberes, una laboral que reduzca salarios y condiciones de trabajo, y una impositiva.

Sin embargo, la carta del Gobierno argentino no solicita un programa específico al organismo. Su redacción invita al Fondo a proponer uno. De esta forma, Guzmán y Pesce deciden comenzar las negociaciones cediendo la iniciativa a Kristalina Georgieva. Esta propuesta siempre depende de una revisión de los números del país: “Proveeremos al staff del FMI con toda la información que sea necesaria para la implementación del programa”, señala el comunicado. 

Los técnicos del organismo evaluarán los datos macroeconómicos que maneja el Gobierno: sus cuentas fiscales, proyecciones sobre las principales variables, el programa monetario. Los números de Alberto Fernández están contemplados en la elaboración del Presupuesto 2021, que será enviado el 15 de septiembre al Congreso. 

El Ejecutivo nacional viene haciendo un trabajo previo para obtener el visto bueno del staff del Fondo. El ajuste en las cuentas comenzó hace un tiempo: la actualización de los haberes jubilatorios por decreto implica una pérdida de poder adquisitivo respecto a la fórmula suspendida; la suspensión de las paritarias del sector público genera una licuación de gastos salariales, por la inflación acumulada; el pago del IFE se dosifica cada dos meses en lugar de ser mensual. Además, estamos frente a un cambio de tendencia en la asistencia del Banco Central al Tesoro: mientras en julio fueron girados 220.000 millones de pesos, en lo que va de agosto sólo transfirió $40.000 millones en concepto de adelantos transitorios. 

Reformas

Estas son señales claras de recorte en el gasto público. Van en línea con lo mencionado anteriormente: las exigencias del Fondo alrededor del cumplimiento de metas fiscales. Por su parte, las reformas estructurales pueden no estar tan lejos de lo que aparenta el Gobierno. La cuestión jubilatoria es la más notoria: la movilidad votada en el Congreso en el 2017 fue suplantada por aumentos por decreto. Sin embargo, el Ejecutivo demora la presentación de una nueva fórmula de actualización de los haberes. ¿Se elaborará en conjunto con los técnicos del organismo internacional?

La misma duda puede presentarse sobre una eventual reforma impositiva, anunciada pero no conocida. Por su parte, el Gobierno rechaza una reforma laboral. En cambio, el ministro de Desarrollo Productivo prefiere hablar de acuerdos sectoriales. Convenios de este estilo fueron celebrados en Vaca Muerta o en el área de almacenamiento y distribución de Mercado Libre. Este último ganó visibilidad hace algunas semanas por un conflicto con Camioneros, recordando lo firmado en 2018. Fueron eliminadas las horas extra, la empresa modifica la jornada laboral según sus necesidades y los trabajadores están obligados a realizar cualquier tarea requerida. Estos acuerdos de productividad y flexibilización laboral son muy parecidos a una reforma.

Finalmente, la voluntad del Gobierno de avanzar en un recorte del gasto público está expresada en su carta: “Estamos determinados a recomenzar el proceso de implementación de un sendero fiscal consistente una vez que los efectos de la pandemia desaparezcan, reduciendo el déficit fiscal primario de un modo que sea compatible tanto con la sustentabilidad de la deuda pública, como con la recuperación económica”, adelantan Guzmán y Pesce.

El momento

El ministro de Economía dejó claro que las negociaciones con el organismo internacional son delicadas y llevarán tiempo. Esto tiene sentido, ya que los pagos de capital del “Stand By” comienzan recién en septiembre del 2021. Sin embargo, el plazo final de las discusiones está impuesto por el vencimiento de deudas con el Club de París en mayo del mismo año. Estas obligaciones también serán reestructuradas, pero el ente europeo demanda un acuerdo previo con el Fondo para negociar.

La pregunta que se desprende entonces es: ¿Por qué comenzar las negociaciones ahora? El acuerdo con los acreedores privados no trajo el alivio financiero que esperaban en la Casa Rosada. Otra vez, estamos en momentos delicados para las finanzas argentinas. En lugar de celebrar, la bolsa porteña y las acciones de las empresas nacionales que cotizan en Nueva York no paran de caer. En paralelo, la brecha cambiaria sigue firme y crecen los rumores sobre la eliminación del cupo de u$s 200. Rumores fundados en la constante pérdida de Reservas internacionales del Banco Central. 

Frente a este escenario, el Gobierno busca refugio en el FMI, con su respaldo financiero y reputacional. Dar un inicio formal a las conversaciones podría ser visto como una señal hacia los mercados de que Argentina va a “hacer las cosas bien”. De esta forma, la carta firmada por Guzmán y Pesce podría ser una búsqueda de confianza para calmar las variables bajo estrés. 

En el período que se abre veremos si el Fondo cambió, como insinúan en Economía, o sigue siendo el mismo de siempre. Si el organismo relajará sus condicionamientos fiscales por la pandemia o exigirá un ajuste económico clásico, haciendo honor a su historia. Veremos si la apertura de las negociaciones sirve para darle un respiro al Gobierno, o la incertidumbre sobre la continuidad del cupo de los 200 dólares persiste a pocos días de su renovación. El “nuevo” FMI es más permisivo con estos controles de capitales. Lógico: de esta forma el BCRA tendría más dólares disponibles para pagar deuda.