Tras casi 12 horas de reunión en el ministerio de Trabajo de la Nación y 20 días de medida de fuerza en los puertos exportadores del país, encabezada por trabajadores aceiteros y recibidores de granos, la Federación Aceitera y el gremio de la actividad de Puerto San Lorenzo (SOEA) acordaron con la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) una nueva pauta salarial que permitirá resolver el conflicto.

Por su parte, los integrantes de La Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA), otro de los sectores que encabeza con aceiteros la protesta, anunciaron que no hubo acuerdo con la Cámara de Puertos Privados y continuarán con la medida de fuerza. En las próximas horas habrá una reunión para encontrar una solución al planteo de los trabajadores.

Según informaron desde CIARA, el acuerdo consiste en un 35% de aumento salarial en 2020, un bono anual igual al salario del 2020 que incluye el aumento del 35% sobre el 2019, un bono pandemia excepcional de $ 90.000 en 9 cuotas para los que trabajaron durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), un ajuste salarial para 2021 de 25% en dos tramos y revisión salarial en agosto con aplicación del índice de precios al consumidor para culminar 2021.

A través de un comunicado, la entidad que preside Gustavo Idígoras, señaló: “Pedimos que el esfuerzo económico conduzca al trabajo mancomunado y sin conflictos que desemboquen en una merma importante de competitividad con penalizaciones por incumplimientos y pérdida de mercados, así como exportaciones con menor agregado nacional. Cada punto de participación cedido a los países competidores exportadores, significa un impacto negativo en toda la economía argentina, con mayores restricciones para los sectores más necesitados en un contexto de recesión”.

El encuentro de este martes en la cartera laboral, que fue el segundo que se realizó en medio del conflicto, tuvo muchos momentos de tensión donde cada unas de las partes defendió sus posiciones. “Se privilegió la paz social como objetivo empresarial, en virtud de las consecuencias económicas para la industria, la comunidad, los mismos trabajadores y la Nación, además de que la Argentina pasó a ser un proveedor poco confiable a nivel internacional. Adicionalmente, la metodología aplicada de la toma de plantas en algunas zonas portuarias resultó una acción ilegal y peligrosa”, señalaron desde CIARA.