Después de días de máxima tensión sobre el rumbo de la economía dentro del Gobierno, ambos bandos pueden tener sus pequeños motivos para celebrar. Mientras Martín Guzmán volvería de su gira europea con un principio de acuerdo con el Club de París, el sector que responde al kirchnerismo logró ampliar el margen de gasto en ayuda social.

 

La interna

La disputa económica escaló alrededor del aumento de tarifas de los servicios públicos. El ministro de Economía buscaba defender su Presupuesto 2021, que se encuentra bajo serios cuestionamientos en los últimos meses. En el caso de cumplirse, implicaba un incremento del 40% en las facturas para sostener los niveles de subsidios del año anterior. 

El subsecretario de Energía Basualdo, en representación del “ala dura kirchnerista”, pujaba por un incremento de un dígito, o directamente un no incremento. El ida y vuelta y los amagues de renuncias y renunciados terminaron con un aumento del 9% en las tarifas eléctricas, sin saber si habrá una segunda actualización, y sin definiciones sobre las boletas de gas. 

Pero la grieta al interior del gabinete va mucho más allá de la política energética. El titular de la cartera de Economía viene impulsando un ajuste en las cuentas públicas a partir de un achicamiento del gasto, que resultó durante el primer trimestre en el déficit fiscal más bajo de los últimos seis años.

Por su parte, el sector más identificado con el kirchnerismo parece incómodo con esta orientación, sobre todo durante un año electoral. En consecuencia, impulsa una expansión del gasto frente a la delicada situación social en la que se encuentran millones de personas.  El anuncio de Alberto Fernández sobre la ampliación de la Tarjeta Alimentar es una respuesta a estos reclamos, e implica un incremento del gasto público en unos $130.000 millones.

El acuerdo

 

La postura de Guzmán apunta al “ordenamiento de las cuentas públicas”, clave para avanzar en las negociaciones con los acreedores internacionales. Cualquier acuerdo con los organismos implica compromisos en este sentido.

El 31 de mayo, Argentina debería pagar unos US$2.400 millones al Club de París. Como su nombre lo indica, es un agrupamiento de países que se unen para negociar con mayor fuerza sus acreencias. Por este motivo, las discusiones con este sector son diferentes a las que puedan tener lugar con un organismo internacional como el FMI.

Para acordar una postergación de sus pagos, el Club de París suele establecer como requisito previo que el país deudor tenga vigente un programa con el Fondo. En este caso, Argentina habría logrado un acuerdo sin cumplir el requerimiento, pero estableciendo un paso previo que suele culminar en la firma de un nuevo programa con el FMI. 

Las condiciones que habrían sido alcanzadas todavía no fueron dadas a conocer. Las alternativas para alcanzar un principio de acuerdo parecen ser dos: la firma de una Carta de Intención y/o la aceptación del artículo IV del FMI. La primera incluye los lineamientos generales para un acuerdo entre el país y el organismo, lo cual incluye proyecciones macroeconómicas.

La segunda opción parece ser la más viable. Al aceptar el artículo IV del Fondo Monetario Internacional, se le permite al organismo visitar el país para realizar un monitoreo de la situación fiscal, monetaria y externa de su economía. Vale recordar que Argentina se comprometió a cumplir este requisito hace más de un año, pero al momento no se ha efectivizado.

"Acogí el compromiso de las autoridades argentinas de continuar profundizando nuestra colaboración, a través de una Consulta del Artículo IV y oportunamente obtener un programa respaldado por el Fondo", indicó la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en una comunicado del 22 de febrero del 2020.

El objetivo del Fondo es garantizar los cobros por los US$44.000 millones otorgados al Gobierno de Mauricio Macri. En este sentido, las “visitas” de los técnicos enviados por Kristalina Georgieva buscarían garantizar que el gabinete económico “ordene la macroeconomía”. Esto podría entenderse como una injerencia del ente internacional en los asuntos internos de Argentina. Volviendo a la interna oficialista, el ala kirchnerista de la coalición podría entender el eventual acuerdo como un paso más en las políticas de ajuste fiscal ejecutadas desde el Ministerio de Economía. 

Al regresar al país, Guzmán se encontrará con la media sanción del proyecto de ley impulsado por el Frente de Todos que ordena utilizar los Derechos Especiales de Giro (DEG) en ayuda social. Los DEG son la moneda del FMI, que serán enviados por el organismo en concepto de ayuda económica por la pandemia a los países de ingresos bajos y medios. Argentina recibirá el equivalente a unos US$4.300 millones . 

En caso de aprobarse en Diputados, un resultado difícil dado el historial de cajoneo de ciertos proyectos con media sanción en Senadores, el Ministro tendrá un nuevo condicionamiento para avanzar hacia un acuerdo con el Fondo Monetario. Guzmán tiene planeado utilizar los DEG para cancelar vencimientos de deuda con el propio organismo internacional, y esta nueva condición alteraría sus planes.

Lo cierto es que, al momento, ni los discursos de Cristina Fernández de Kirchner, ni la judicialización del préstamo otorgado por el FMI al Gobierno anterior, ni las disputas hacia adentro de la coalición oficial significaron dificultades al avance en las negociaciones entre el organismo internacional y el ministerio de Economía.

Como vemos, aunque ambas partes hayan conseguido sus pequeñas victorias durante los últimos días, la interna económica oficial está lejos de haberse resuelto.