En medio de la causa que investiga la supuesta "privatización" de la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, Amnistía Internacional realizó un pedido de información al Ministerio de Salud porteño para conocer mayores detalles sobre la asignación de dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2 a entidades privadas de salud.

"La igualdad y no discriminación debe ser el eje de toda respuesta a la pandemia. La situación económica de las personas no debe constituir nunca un obstáculo para acceder a la vacuna contra el Covid-19. Amnistía Internacional requirió mayor información a las autoridades porteñas, para monitorear el cumplimiento de los estándares de derechos humanos que imponen que los recursos sanitarios para enfrentar al Covid-19 sean accesibles, equitativos, inclusivos y no discriminatorios”, sostuvo en un comunicado la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

La solicitud de datos sobre el plan de vacunación en CABA fue realizada luego de conocerse presentaciones judiciales que sostienen que las autoridades podrían haber distribuido dosis de vacunas al sector privado de la salud para la aplicación a afiliados de ciertas obras sociales y prepagas. En el marco de esa investigación, el fiscal Carlos Stornelli imputó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Salud, Fernán Quiros.

El pedido de Amnistía

La ONG solicitó información sobre los convenios firmados con entidades de la salud privada para la implementación de la vacunación contra el coronavirus.

A su vez, pidió detalles sobre la cantidad de dosis recibidas por la jurisdicción. La organización quiere saber cuántas dosis fueron distribuidas a cada centro de salud y bajo qué criterio se realizó esta asignación, tanto en establecimiento públicos como privados.

Por otra parte, Aministía requirió precisiones sobre el sistema de turnos para la vacunación contra el virus -nuevamente, tanto en el sistema público como privado de salud-, indicado quiénes acceden a ella, a través de qué plataformas y en base qué criterios.

Finalmente, entre otras cuestiones, se pidió información sobre la existencia de un mecanismo de control y fiscalización para monitorear la implementación del Plan Estratégico de Vacunación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y así garantizar la transparencia y respeto por la priorización de grupos determinada en dicho Plan, incluyendo al sistema público y privado de la salud.