La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) analiza presentar una nueva moratoria previsional para beneficiar a aquellas personas que están en edad de jubilarse pero que no cuentan con los 30 años de aportes a la seguridad social que demanda la normativa vigente.

“Se está pensando en dar soluciones”, adelantó hace unas semanas la titular de la Anses, María Fernanda Raverta y detalló que busca que “quienes tienen los requisitos para jubilarse fácilmente lo puedan hacer sin hacer un trámite; pero que a quienes no tengan esos requisitos y esas condiciones el Estado les genere las condiciones para poder tener sus derechos. Porque los derechos son de los ciudadanos y el Estado está obligado”.

En este sentido, una de las posibilidades sería actualizar el tope definido durante el gobierno de Cristina Fernández, cuando se tomó como referencia el año 2003, para poder regularizar aportes no ingresados sin necesidad de contratar a un abogado o gestor. Durante el Gobierno anterior, ese criterio no se modificó y en lugar de extender los alcances de la moratoria se aprobó en 2016 la Pensión Universal para el Adulto Mayor, un estipendio que equivale al 80 por ciento del haber mínimo que cobran las personas que no cuentan con los años suficientes para jubilarse. Actualmente, la PUAM es de 14.503 pesos y es percibida por unas 170 mil personas.

Un marco de avance del desempleo y precariedad laboral atenta contra la posibilidad de contar con los años de aportes previsionales necesarios para acceder a la jubilación. Según un informe elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, actualmente solo el 11,2 por ciento de las mujeres en edad jubilatoria -entre 55 y 59 años- cuentan con más de 20 años de aportes. En el caso de los varones, el porcentaje es del 20 por ciento.

Por otro lado, desde Anses siguen de cerca lo que vaya a pasar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), en relación al proyecto de ley que se empieza a discutir este martes en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La ley que se discutirá tiene como objetivo blindar los activos del FGS por un lado y facultar al ente previsional a renegociar las deudas de las provincias con el FGS con un plazo máximo de ocho meses.