El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció hace algunos momentos la suspensión del paro indefinido establecido luego de que el gobierno de Luis Arce promulgara la derogación de la ley de ganancias ilícitas del Gobierno de Bolivia.

El detonante del paro nacional precisamente había sido el rechazo a la Ley N°1386, una normativa presentada por el oficialismo y que según entiende la oposición, apunta a confiscar bienes, perseguir adversarios y la “venezolanización” del país, bajo el argumento de la lucha contra la corrupción y las actividades ilícitas.

Criticando la huelga nacional es que el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, había graficado en su momento que la economía boliviana perdería un total de 117 millones de dólares por cada día de paro.

Tras 9 jornadas, finalmente el Gobierno boliviano promulgó anoche la ley que anula la normativa contra las ganancias ilícitas, que había provocado malestar y protestas en varios puntos de la nación.

"Hemos conseguido este logro del pueblo, (pero) es sólo una batalla, la lucha debe continuar", comentó al respecto Calvo.

En rueda de prensa, el líder cívico agregó que el paro constituyó "un instrumento de lucha", por lo que "la resistencia al totalitarismo tiene que continuar con este y otros instrumentos".

Calvo no aludió a la demanda de derogación de otro paquete de leyes ni a la restitución de la necesidad de dos tercios de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes, que también se sumaron al pliego de peticiones del paro, en el que participaron sindicatos y transportistas.

La decisión de suspender el paro no fue bien recibida por ciertos sectores y, durante la noche del martes grupos identificados con la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) cercaron el edificio que alberga al Comité Cívico Pro Santa Cruz para pedir la renuncia de Calvo, a quien tildaron de "traidor".

Vale recordar que Santa Cruz y Potosí concentraron la mayoría de las protestas antigubernamentales. En Potosí murió un campesino como consecuencia de los enfrentamientos entre cívicos y campesinos, mientras que en la capital cruceña hubo varios momentos de tensión. 

A pesar del anuncio de derogación de la resistida ley, las protestas no cesaron en estas regiones.

El Gobierno boliviano aseguró que trabajará, en colaboración con los sectores pertinentes, en una nueva ley contra la regularización de las ganancias ilegales, cuyo borrador espera tener para diciembre.