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La crisis económica ya no es la heredada, sino la gestada y con las elecciones en el horizonte la agenda del oficialismo busca adherentes a los mensajes que polaricen lo necesario para lograr la reelección.
La seguridad como promesa y eslogan de las campañas electorales en nuestro país no solo maquilla la falta de políticas públicas señalando a un enemigo común construido según los tiempos que corran, sino que además dificulta aún más la resolución de una de las principales preocupaciones de la gente.
En estos meses vimos una variedad de acusaciones a partir de poner la lupa sobre los inmigrantes y la histórica (supuesta) relación con la inseguridad, las sucesivas amenazas de bombas, el fallido Hezbollah de Floresta, el decreto de Bullrich sobre el empleo de las armas de fuego por parte de las fuerzas federales y los proyectos desde los cuales Cambiemos busca lograr un ensayo punitivista de la problemática. Algunos ejemplos:
“En un mundo globalizado estamos obligados a competir. La competitividad no es un tema que beneficie a inversores o a empresarios, sino que es clave para el desarrollo, para generar empleo y reducir la pobreza”, plantea Macri el 10 de diciembre de 2015 en su primer discurso como presidente.
Cambiemos venía a ordenar la economía, pero la desordenó y mucho. El modelo que se concibió basado en la inversión privada y el aperturismo pero que hasta hoy se sostiene en base al endeudamiento y la inversión pública no parece sostenible en el largo plazo.
“Volver al mundo” no tuvo un impacto como el esperado y prometido. La idea de cambio planteada por Macri tuvo en su génesis el lograr una reconstrucción de la identidad heredada por el kirchnerismo haciendo de las bondades de la globalización uno de sus pilares.
Dólar en máximos históricos, la inflación más alta (2018) desde 1991, desempleo en aumento (9,1% para el último trimestre del año pasado), PBI en caída, 1 de cada 3 chicos en situación de pobreza y el detalle de que durante 2016 y 2017 la Argentina fue el país que más se endeudó dentro de las economías emergentes del mundo. Hubo lluvia, pero de préstamos.
En permanente modo focus group, el oficialismo prueba temas y adhesiones. El discurso de Cambiemos de cara a estas elecciones va a continuar girando sobre los mismos ejes que el del 2015 (cambios estructurales, kirchnerismo, Venezuela, etc) pero tiene en la pata de la seguridad un peligroso estímulo.
La Resolución 956/2018 más conocida como el protocolo de armas de fuego entró en vigencia el 4 de diciembre pasado y plantea en el artículo 2° los casos en los cuales la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria podrán disparar.
Sobre el inicio del 2019, fue la propia ministra de Seguridad Patricia Bullrich quien planteó haber llegado al consenso necesario para actualizar la imputabilidad en los delitos graves a los 15 años.
Lo cierto es que el proyecto del nuevo régimen penal juvenil ya había sido anunciado durante el año 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano. No obstante, en los últimos días el oficialismo hizo públicas (nuevamente) sus intenciones de enviar un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad.
El nuevo Código Penal presentado (deberá ser debatido, modificado y eventualmente aprobado) plantea originalmente el endurecimiento de las penas a los delitos por el control de la calle, además de cambios en temáticas relacionadas a la seguridad y la tenencia de armas y las agresiones (de los civiles, no de las fuerzas de seguridad) en las manifestaciones.
Entonces la pregunta es: ¿Cómo se insertan estos anuncios y políticas propias a la seguridad con el hecho de que la inflación proyectada para el 2019 significará una baja real del presupuesto en todos los ministerios (del 7,9% en la cartera de Seguridad)?
En tiempos de promesa electoral los principales partidos repiten el “más policías en las calles” como única solución posible a un problema que transita distintas realidades. El marketing político emocional, fav de Cambiemos, utiliza recursos de comunicación estratégica que influyen sobre los electores.
Había sido pedida por el bloque de Unión por la Patria, que no logró reunir los 129 legisladores para habilitar el debate.
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