La llegada de una nueva administración en México supuso por estos días un cambio de rumbo en las políticas mantenidas para con los miles de latinoamericanos que conforman la caravana migrante.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió funciones el pasado 1 de diciembre, tomó la decisión de comenzar a abrir sus fronteras y permitir la residencia de al momento algo más de 1000 personas.

En este sentido, desde el Instituto Nacional de Migración se decidió facilitar los papeles de forma inmediata a parte de los centroamericanos que llegaron caminando hasta la frontera.

Recordemos que la Organización Internacional para las Migraciones define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia.

La medida fue acompañada de un fuerte dispositivo, no de seguridad, sino logístico, donde los migrantes recibieron un brazalete con el sello de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) y un código QR que les permitiría obtener rápidamente los papeles de residencia.

El gobierno de AMLO entiende que América Latina está atravesando una de las peores crisis migratorias de su historia y es por eso que se ha comprometido a tomar ciertas medidas para afrontar la problemática.

El brazalete y código se presentan acompañados de una credencial con la que los migrantes podrán permanecer en el país durante un año. Este permiso será renovable y permite trabajar y acceder a servicios de salud y educación.

Lo cierto es que esta disposición se contempla para un grupo reducido de personas y resta saber las medidas a tomar con el grueso de ingresantes al país. Fue hace algo menos de tres meses que otra caravana fue recibida con gases lacrimógenos y una débil puerta que la multitud no tardó en tirar abajo.

En la tarde de ayer, la embajadora de México en los Estados Unidos, Martha Bárcena, comunicó que sobre finales de este mes el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, se reunirá con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para buscar coordinar un plan de acción conjunta sobre esta problemática.