En lo que serán sus últimos meses al frente del Palacio de la Moneda, el anuncio de la oposición chilena de iniciarle un juicio político al presidente Sebastián Piñera por su presunta vinculación con la venta de una minera a través de paraísos fiscales revelada en la investigación de los Pandora Papers, suma un nuevo capítulo de tensión política.

A menos de 60 días de la elección presidencial, legisladores de la oposición anunciaron que preparan una acusación contra el jefe de Estado por entender que se vulneró la imagen de la Nación al haberse involucrado en la venta de la minera Dominga en las islas Vírgenes Británicas en 2010, mientras ejercía su primer mandato presidencial.

Este hecho representaría un conflicto de intereses, que el presidente descartó, aunque también deberá enfrentar una causa judicial por este tema.

Por su parte, la Fiscalía analiza abrir una causa penal contra Piñera considerando que el contrato original de compraventa de Dominga no estuvo incluido en investigación de 2017.

En la revisión del expediente en 2017, cuando se tramitó el caso Exalmar y los hechos que comprometían al proyecto minero, sólo se encontró un preacuerdo del contrato de compraventa de las familias de Carlos Délano y Sebastián Piñera, luego sellado en las Islas Vírgenes Británicas. 

Esta situación descartaría que los documentos ya hayan sido objeto de indagatoria, por lo que el Ministerio Público abriría de oficio una investigación para perseguir un eventual cohecho u otra figura penal que pueda involucrar al mandatario.

Además, se estudia por un lado la cuestión matemática (el juicio político requerirá el apoyo de al menos 29 senadores, cifra que la oposición no tiene) y por el otro, la proximidad con las elecciones del 21 de noviembre.

En Chile los procesos de juicios políticos son "atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados", que puede formular acusaciones contra el presidente por "actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes", precisa la ley.

El proceso está contemplado en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que a su vez estipula que la acusación se inicie en Diputados, para luego ser elevada al Senado.

De acuerdo con el cómputo de los dos tercios, la única posibilidad de destitución sólo se concretaría con votos de legisladores oficialistas.