La senadora y presidenta del Senado de la República de Chile Adriana Muñoz es una de las legisladoras que desde el Partido por la Democracia (PPD) encabeza el proyecto de ley que pretende indultar a los ciudadanos investigados, imputados y condenados en el marco de las protestas sociales que desde octubre de 2019 marcaron el pulso del país trasandino. 

El trámite legislativo pretende además regularizar una situación respecto a la gente que se encuentra en prisión preventiva: “Hay casi 800 personas que están en prisión preventiva, que no tienen proceso alguno”, afirmó Muñoz.

En este sentido la parlamentaria resaltó que estos ciudadanos “llevan un año dos meses sin un debido proceso y ese es un tema que hay que debatir”.

Además, Muñoz señaló que también desean que se acote bien el marco de las acusaciones que se les han hecho a los imputados: “Los principales delitos que se imputan son desórdenes, y queremos ver qué significa desórdenes, si una persona por desorden es un violentista, es una persona que amerita que está un año y dos meses sin el debido proceso”.

De momento, el Ministerio del Interior chileno da cuenta de 232 personas en prisión preventiva acusadas de delitos graves en ese período. 

Tanto el Ejecutivo como varios expertos en derechos humanos han rechazado la existencia de presos políticos en Chile, como sí en cambio lo hizo José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Muñoz marca que desde el Ejecutivo se busca confundir: “El gobierno nunca ha querido hablar de que en esa época, el 18 de octubre en adelante, hasta marzo, y hasta hoy día, que hay manifestaciones, hay violaciones a los derechos humanos”.

“Nosotros no avalamos la violencia y lo que se busca es bastante malintencionado, aquí no hay un grupo de parlamentarios que estamos defendiendo la violencia. Acá hay violencia de Estado”, remató.

Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que vetará una eventual ley para indultar a presos por hechos de violencia en el estallido social que comenzó en octubre de 2019, si el Congreso llegara a sancionarla.

"Nuestro Gobierno manifiesta su total desacuerdo y oposición con el proyecto de indulto general antes mencionado y anticipa que en caso de que el proyecto avance, y de ser necesario, va a utilizar su facultad de veto para impedir su aprobación", dijo el mandatario.

"Consideramos que es un mal proyecto y que atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, la democracia y el estado de derecho", cerró Piñera.