Un tribunal dictó un total de nueve años de prisión para un camarero hongkonés acusado de "terrorismo", que se convirtió en la primera persona condenada en virtud de la nueva ley de seguridad nacional impuesta por China en la excolonia británica.

Tong Ying-kit, de 24 años, fue declarado culpable el martes por el delito de terrorismo a partir de estrellar su motocicleta contra tres policías, así como de incitación a la secesión por llevar una bandera con la consigna "Liberen Hong Kong, la revolución de nuestro tiempo", el lema de las multitudinarias manifestaciones prodemocracia de 2019.

El juicio de 15 días se celebró sin jurado, un cambio en la tradición jurídica del centro financiero. Los tres magistrados fueron designados por las autoridades locales para juzgar los delitos que afectan a la seguridad nacional. Sus delitos fueron "graves" pero "no los peores de su tipo", aseguraron.

¿Qué pasó? El 1 de julio pasado, fecha en la que se celebra el aniversario de la vuelta de la antigua colonia británica a la soberanía china, la Policía había prohibido la marcha de protesta que tradicionalmente se celebra en esa fecha.

Tong apareció en una de las avenidas del centro de la ciudad, frente a una fuerte presencia policial conduciendo y estrellando una moto en la que lucía una bandera negra con la consigna que marcó buena parte de las manifestaciones de 2019.

A partir de esto es que los fiscales acusaron a Tong de estrellar su moto contra tres policías, alegando además que el lema en la bandera era independentista.

¿Qué dice la ley de seguridad nacional? La normativa castiga hasta con la cadena perpetua el separatismo, el terrorismo, la subversión de los poderes del Estado y la confabulación con fuerzas extranjeras.

Debajo de cada una de estas actividades hay algunos delitos específicos. Por ejemplo, dañar edificios gubernamentales podría calificarse como "subversión", un delito grave que podría resultar en cadena perpetua.

Este caso tiene una importancia clave para determinar cómo debe interpretarse la nueva ley, impuesta por China el año pasado tras las manifestaciones que dieron forma a buena parte del 2019 en el enclave autónomo.

Desde el arresto de Tong, han sido detenidas 117 personas por cargos contemplados en la Ley de Seguridad Nacional, de las que al menos 64 han sido acusadas formalmente.