La Cámara Federal porteña confirmó  el procesamiento a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a raíz del hallazgo de dos documentos históricos en su casa de la localidad santacruceña de El Calafate, en agosto del año pasado, durante un allanamiento ordenado por el juez Claudio Bonadio, en el marco de la investigación de la denominada "causa de los cuadernos".

El tribunal de apelaciones, sin embargo, modificó la calificación del delito que había dispuesto Bonadio al entender que no se trató de un caso de "encubrimiento" sino de "incumplimiento de deberes de funcionario público".

Durante el allanamiento en la vivienda de la familia Kirchner, la Justicia secuestró 94 cajas con diferentes objetos de presunto valor. Entre ellos, hallaron una carta escrita en 1835 por el general José de San Martín y el prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen.

Hace unas semanas se conoció la versión de la ex presidenta sobre el origen de esa carta. Según relata Cristina en su libro "Sinceramente", fue el presidente ruso Vladimir Putin quien se la obsequió en 2015.

"Se encuentra suficientemente acreditado que tanto la importancia como el valor histórico de las piezas bajo examen eran circunstancias ciertamente conocidas por la imputada: basta para ello con reparar en la trascendencia que le asignó a los obsequios recibidos", sostuvieron los jueces de la Cámara Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun.

"No caben dudas en cuanto a que los documentos históricos examinados, por su naturaleza, forman parte de la historia y, como tales, son considerados por la ley como patrimonio cultural de la sociedad y no deben ser atesorados en secreto para el usufructo personal", indicaron los jueces.

"Tras su recepción, era no sólo esperable sino también ineludible que Fernández de Kirchner informara al Archivo General de la Nación su tenencia, pues ello era una obligación expresa de la ley cuyo desconocimiento no puede alegar con éxito ni ampararse en una interpretación forzada de sus previsiones atento a la claridad normativa sobre el punto", remarcaron.

Bruglia e Irurzun confirmaron, además, el embargo de cien mil pesos que le había trabado Bonadio a la ex presidenta, cuando la procesó por la tenencia de esos documentos.