A través de la ONG Ageia, que trabaja en el proyecto "sexting seguro y pornografía no consentida" busca que este ataque a las personas perjudicadas sea considerada un delito penal y tenga sanciones judiciales agravadas por afectar a la intimidad de las personas.

Entre lo que detallan estas organizaciones es que el este modo de ataque se da cuando las imágenes son viralizadas a través de redes sociales o publicadas en páginas web sin consentimiento del protagonista, aún habiendo existido un acuerdo previo para tomarlas.

"Es erróneo llamarle 'pornoveganza', ya que en ocasiones es por ese motivo pero ocurrir por otras causas como por despecho o broma. En nuestro país, las personas que resultan víctimas de la pornografía no consentida no encuentran un mecanismo claro de protección legal", explicó a Cadena 3 Silvina Lemos Hoffman, abogada coordinadora del proyecto.

"En ocasiones acuden por la vía penal o buscan una reparación económica a través de una acción por daños y perjuicios. El problema con lo penal y lo civil es que son procesos altamente burocráticos y lentos, por lo que cuando la víctima logra una sentencia favorable ,el contenido ya fue difundido, y no se atiende primariamente a dar de baja este material", remarcó.

La letrada remarcó ue hay un proyecto de ley preexistente desde el año 2016, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, pero que por el momento no pudo acceder al recinto de Senadores.