Había sido pedida por el bloque de Unión por la Patria, que no logró reunir los 129 legisladores para habilitar el debate.
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Ante el inminente avance de la pandemia del coronavirus, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó a los tribunales inferiores analizar la posibilidad de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a los detenidos que forman parte de los considerados grupos de riesgo.
El tribunal ordenó "evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo".
"Se dispone que los órganos de la jurisdicción tomen razón y adopten los recaudos pertinentes en orden a los puntos 1 y 2 de la Recomendación de la Cidh", señalaron la presidenta de la Casación, Ángela Ledesma, y los dos vicepresidentes del tribunal, Gustavo Hornos y Alejandro Slokar, en una acordada que firmaron el jueves a la noche.
La primera de las recomendaciones invocadas es la de "adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del Covid-19".
La segunda es "evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas".
Días atrás, el Servicio Penitenciario Federal entregó a la Casación y a los tribunales que tiene a disposición personas privadas de su libertad un listado de 1.280 presos que conforman el grupo de riesgo dentro de las cárceles federales.
Le otorgaron por ejemplo el beneficio de la prisión domiliciaria a Stella Maris Miranda, una mujer presa hace dos años por vender drogas en el narcomenudeo. El delito estaba agravado porque habían participado más de tres personas y porque tenía un arma en su casa. Sin embargo, en ese fallo, los jueces tuvieron en cuenta la situación especial de esta mujer: ex enferma de cáncer con un hijo de nueve años que está al cuidado de una hermana menor de edad.
Había sido pedida por el bloque de Unión por la Patria, que no logró reunir los 129 legisladores para habilitar el debate.
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