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Actualidad #Alquileres

¿Cuáles son las consecuencias de registrar el alquiler en la AFIP?

El ingreso que se declare se incorporará a la declaración jurada anual del Impuesto a las Ganancias de los contribuyentes.

¿Cuáles son las consecuencias de registrar el alquiler en la AFIP?

El anuncio oficial de que, a partir del 1 de marzo, los contratos de alquiler deberán declararse en la AFIP generó fuertes discusiones y reclamos. Sobre todo, del lado de propietarios e inmobiliarias, quienes vienen protestando contra la escalada regulatoria desde la sanción de la Ley de Alquileres. 

En términos impositivos, el ingreso resultante del valor del alquiler está alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, que deberá abonar el propietario. De esta forma, si el alquiler no fue declarado hasta el momento, a partir de la nueva normativa deberán presentar la declaración jurada anual en la que deberán incluirlo. Esto ocurre en el caso de trabajadores en relación de dependencia o jubilados. Para el caso de monotributistas, el registro puede hacerlo subir de categoría o pasar al régimen general, lo cual aumenta el pago del impuesto.

El registro del contrato de alquiler en la AFIP no crea un nuevo impuesto. Se trata de una medida que apunta a regularizar la situación de quienes no declaran los alquileres, facturando el valor de la locación.

Sin embargo, los especialistas en tributación advierten que la medida va a generar un aumento en la tasa de imposición a la que están gravadas las remuneraciones o haberes, debido a que el Impuesto a las Ganancias contempla alícuotas progresivas. 

Por otro lado, con el nuevo régimen, los locadores, arrendadores, sublocadores y subarrendadores, se ven obligados a registrar los contratos de alquiler ante la AFIP. En consecuencia, las inmobiliarias reclaman que se agrava la debacle del retorno de inversión para los propietarios. Según el último informe trimestral de Reporte Inmobiliario, en la ciudad de Buenos Aires esta tasa fue del 2,23% anual. 

Lo que las inmobiliarias reclaman es que los mayores costos burocráticos e impositivos que pueden resultar de la normativa acaba traduciéndose a mayores precios. Tanto propietarios como intermediarios descargan los mayores costos hacia el valor final del alquiler. De hecho, durante 2020 hubo una suba histórica del 62% en los precios de los alquileres, una cifra que supera por lejos el incremento en la inflación minorista y en los salarios. Esto coincide con la sanción de la Ley de Alquileres.

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