Este jueves el Gobierno bonaerense declaró la emergencia ambiental en la zona del Delta del Río Paraná ubicada en la provincia de Buenos Aires tras los incendios forestales que azotaron el área.

Se trata de la sección comprendida por los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, Escobar, Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López.

A través del Decreto 1088, publicado hoy en el Boletín Oficial del distrito, se prohíbe la actividad de quema de pastizales y se suspende "toda autorización o permiso de quema de vegetación en la zona declarada en emergencia ambiental".

Además, crea el Comité Interministerial de Emergencia del Delta (CIED), a efectos de articular con los organismos provinciales, nacionales y municipales las medidas de prevención, control y mitigación de los efectos producidos por los incendios y de identificación catastral de las zonas afectadas.

Ese Comité será coordinado por un representante del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, e integrado por representantes de los Ministerios de Seguridad, de Gobierno y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.

En otro de los artículos se instruye al Ministerio de Seguridad y al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible "a adoptar las medidas necesarias para elaborar en forma conjunta un Plan de Manejo del Fuego para la zona del Delta del Paraná en el ámbito de la provincia de Buenos Aires".

En los fundamentos del decreto, se recordó que el Delta del Paraná “es un inmenso humedal y, como tal, además de albergar una rica diversidad biológica, cumple múltiples y fundamentales funciones como la recarga y descarga de acuíferos, el control de inundaciones, la retención de sedimentos y nutrientes, la estabilización de costas, la protección contra la erosión, la regulación del clima y una extensa lista de bienes y servicios al hombre".

Se apuntó que, "en los primeros meses del año en curso, se han detectado numerosos focos de incendio irregulares en la zona del Delta del Paraná correspondiente a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires" que generaron "un impacto negativo sobre la integridad del ecosistema, poniendo en peligro no solo los principales recursos naturales sino también la calidad de vida y la salud de la población".