El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen denunció ante la Justicia nacional a nueve jueces del fuero Comercial a los que acusó de haber obstaculizado investigaciones a empresas vinculadas al expresidente Mauricio Macri y a directivos del Grupo Clarín, entre otras.

Los jueces fueron acusados de defender y, en ocasiones, asesorar a ciertos integrantes de grupos de poder y/o económicos, entre los que se encontrarían José Antonio Aranda (Grupo Clarín), Alejandro Jaime Braun Peña (pariente del exjefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña Braun), Juliana Awada (esposa del expresidente), Pablo Clusellas (exsecretario Legal Técnico de Macri) y el propio Mauricio Macri.

La denuncia penal es contra nueve magistrados de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial a los que les imputó los delitos de “abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes de funcionario público; prevaricato; usurpación de funciones y retardo de justicia”, indicaron a Télam fuentes judiciales.

Se trata de los jueces Héctor Chomer, Maria Elsa Uzal, Alfredo Kolliker Frers, Julia Villanueva, Eduardo Machín, Pablo Heredia, Miguel Bargallo, Ángel Sala y Hernán Moncla, según detallaron las fuentes al tanto de la presentación judicial.

Dentro de la denuncia, se indicó que los jueces denunciados utilizaron el poder jurisdiccional que les fuera conferido en forma contraria al mandato que los alcanza, al boicotear investigaciones promovidas por la IGJ que tiene entre sus funciones la de fiscalizar a las sociedades comerciales con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de sus funciones, IGJ también se dedica a fiscalizar el funcionamiento de las asociaciones civiles, fundaciones, sociedades por acciones y sociedades extranjeras que actúan en la Ciudad, control que, en algunos casos, se extiende a todo el país, como en el caso de las sociedades de capitalización y ahorro, sobre las cuales la competencia del organismo tiene carácter federal.

Los jueces denunciados buscaron siempre limitar la actuación de IGJ como organismo de control, neutralizar el poder de policía de ese organismo, revocar cada una de sus resoluciones y permitir la actuación de empresas off shore, señalaron las fuentes consultadas por esta agencia.

“Lejos de actuar como garantes de la legalidad -y de la vigencia de la Constitución Nacional-, la han avasallado, usurpando funciones que no les fueron asignadas, para terminar dictando decisiones que se basan exclusivamente en su mera voluntad, voluntad que está movida por una determinada ideología política y tal vez otros motivos, igual de mezquinos y todo tipo de subterfugios”, señalaron.