El Gobierno oficializó la derogación de las modificaciones que había implementado la gestión del ex presidente Mauricio Macri sobre la Ley Migratoria. Entre ellas, se habían impuesto controles más estrictos para ciudadanos extranjeros que residían en Argentina y tenían antecedentes penales, y la agilización de trámites de expulsión de inmigrantes que tuvieran antecedentes penales.

A través del decreto 138/2021, el Ejecutivo explicó que la política de Macri no mostró "mejoras ponderables" en materia migratoria y señaló que las modificaciones realizadas no resultan "conciliables con la Constitución Nacional".

"Se observan diversos aspectos de fondo en dicho decreto que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar: la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan", indica el decreto en uno de los primeros considerandos, al explicar el por qué de la decisión.

En 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional algunos artículos del DNU 70/2017.

"Cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias", agrega.

El decreto 70/2017, firmado por el entonces presidente Mauricio Macri, acortaba los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales. Además, establecía condiciones más duras en relación con las causas que podían impedir el ingreso y permanencia de extranjeros en la Argentina, en caso de que hayan estado condenados o contaran con antecedentes penales.