El blue se despertó y en pocos días volvió a superar los $170. La rapidez del movimiento devolvió al dólar el protagonismo perdido luego de varios meses de calma. Pese a los principios de alarma, el gobierno mantiene su estrategia de mantener la cotización oficial de la divisa “planchada” hasta que finalice el período electoral.

El Banco Central (BCRA) interviene directamente en el mercado oficial de cambios, convalidando subas marginales del dólar mayorista. Pese a los controles de cambio, esta cotización es la referencia principal para la política oficial, ya que es a la que acceden los compradores de insumos y productos importados. Al tener incidencia directa en el entramado productivo, sus variaciones repercuten directamente en el nivel de precios. 

De este razonamiento se desprende la política de “atraso del dólar”. La afirmación hace referencia a las velocidades en las que se mueve la inflación y la divisa estadounidense. Actualmente, los precios minoristas se incrementan a un ritmo mucho mayor al dólar, por lo tanto, el billete verde se estaría “atrasando” respecto al resto de los precios de nuestra economía. Mientras los precios suben a un ritmo superior al 3% mensual, el dólar mayorista lo hace a menos del 1,5%. 

En un contexto de alta inflación, el gobierno decidió dosificar la suba del mayorista con el objetivo de frenar el aumento en el nivel de precios. De esta forma, el oficialismo busca una mejora en el poder adquisitivo de los salarios en la previa electoral, luego de tres años y medio de pérdidas.

En los mercados financieros se define la suerte

En la medida en que la brecha entre el oficial y las cotizaciones paralelas se mantenga más o menos estable, la estrategia oficial puede funcionar en el corto plazo. La amenaza sobre el plan es que los dólares financieros se despierten. Finalmente, el blue actúa bajo la referencia de las cotizaciones paralelas que operan en la legalidad.

El riesgo se explica porque, en tanto se amplíe la diferencia entre cotizaciones, la divisa mayorista va perdiendo su estatus de referencia absoluta para establecer los precios de la economía. Además, la sensación de que el oficial debería subir de precio para convalidar el aumento de los paralelos lleva a que “el mercado” presione por una devaluación, alterando la hoja de ruta oficial. 

En las últimas semanas, los movimientos de los mercados financieros de la divisa norteamericana encendieron las alarmas en el ejecutivo. El contado con liquidación (ccl), que resulta de la compra de activos en pesos en el mercado local y su venta en divisas en el extranjero, cerró en $167,70 el miércoles. De esta forma, la brecha con el oficial mayorista ya se ubica por encima del 75%.

El volumen de dinero operado en el circuito del dólar financiero se cuadruplicó en los últimos días. Pasó de US$4 millones a alrededor de US$16 millones diarios. En respuesta, la Comisión Nacional de Valores (CNV) mantuvo reuniones con grandes empresas, bancos y brokers para pedirles que bajen la cantidad de operaciones de dolarización financiera, bajo amenaza de endurecer controles en el mercado en caso de incumplir la petición.

La razón de fondo de los llamados de emergencia es que los grandes jugadores le “tomaron el tiempo” a la intervención oficial en el dólar financiero. Mientras el Banco Central establece diariamente la cotización del mayorista, también opera en las cotizaciones bursátiles con el objetivo de acortar la brecha. 

El mecanismo de intervención del BCRA (y de la Anses) se ejecuta en el mercado de bonos bajo ley local. Particularmente, los organismos públicos poseen títulos de deuda local denominados AL30, que se utilizan como referencia para hacer mep y ccl. Lo que hacen es vender estos bonos en el mercado de pesos y luego comprarlos en dólares. El resultado de esta operación es una caída en la cotización implícita de la divisa estadounidense en el mercado de estos títulos públicos. 

Quienes operan periódicamente el mercado del bono AL30 pueden discernir en sus pantallas los momentos donde el gobierno “sale a la cancha” a bajar el precio del ccl. Si quieren conseguir una mejor cotización, esa es la ventana de oportunidad para colocarse del otro lado de la operación. Así, durante estos días se pudo ver como el “dólar fuga” superaba los $170 y volvía a $167 durante la misma rueda, generando oportunidades de compra sumamente beneficiosas. 

El pedido de la CNV apunta justamente a esta “avivada” que deja diferencias entre las puntas de cotización diarias más amplias en la medida en que aumenta la incertidumbre. A tono con el aumento en el volumen operado en los dólares financieros, se incrementan los costos que paga el Banco Central para intervenir la brecha: la operación mencionada pasó de costarle US$85 millones en mayo a más de US$170 millones en junio.

El margen del gobierno

Como vimos, el plan oficial es que la suba del mayorista vaya por detrás del nivel de precios. Pero sólo puede funcionar mientras la brecha no se dispare. Para contener el oficial y los financieros mediante las operaciones descritas anteriormente, el gobierno deberá usar toda su “artillería”: las reservas internacionales del BCRA y su stock de títulos de deuda.

Durante el primer semestre, se logró revertir el vacío de liquidez en dólares de la autoridad monetaria. A fuerza de una suba en el precio de los commodities agrícolas, la liquidación de divisas por exportación llevó a que la autoridad monetaria disponga hoy de entre US$6.000 y US$7.000 millones en reservas netas. Al mismo tiempo, posee en cartera más de US$5.000 millones en bonos del tesoro para intervenir en el ccl.

Sin embargo, la intervención en el mercado de bonos para mantener al dólar financiero por debajo de los $170 tiene sus costos. Además de “subsidiar” el dólar a quienes lo fugan a través de la bolsa, el Banco Central privatiza deuda que se encuentra en las arcas públicas. Durante los últimos nueve meses, fueron vendidos títulos públicos por un monto cercano a los US$3.000 millones. 

De esta forma, se aumenta la cantidad de deuda en manos de privados, mientras se deteriora la hoja de balance de la entidad dirigida por Miguel Pesce. Simplificando, se incrementa el endeudamiento estatal, ya que la deuda intra estado (en este caso bonos del tesoro en manos del BCRA) nunca se paga. Pero la peor parte es el costo al cual el organismo se desprende de los bonos. Dependiendo la paridad de mercado del momento, las ventas convalidan un rendimiento de alrededor del 15% anual en dólares. Se trata de una tasa inédita en los mercados financieros internacionales.

En contraparte, los operadores que se colocan del otro lado del movimiento pueden conseguir títulos públicos reestructurados hace menos de un año a precios de remate, en un mundo de tasas negativas (rendimiento por debajo de la inflación esperada). 

La brecha sigue lejos del 140% que llegó a verse en octubre de 2020 cuando el blue alcanzó los 195 pesos. Sin embargo, la advertencia de la CNV a los traders sobre posibles restricciones para acceder a los dólares financieros reflejan la preocupación oficial por una disparada en la brecha cambiaria. En caso de ocurrir esto, la intervención financiera no será suficiente y comenzarán a quemarse las reservas producto del comportamiento típico cuando se anticipa (o fuerza) una devaluación: subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones y adelanto de pagos de deuda privada. Todas las operaciones que se realizan en el mercado oficial y cuestan dólares depositados en el Banco Central. 

El FMI y un plan económico

En este escenario, el “mercado” ofrece una salida a cambio de frenar una eventual corrida contra el peso: un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que contemple un plan económico. El gobierno, por su parte, insinúa una postergación para la firma del programa con el organismo internacional una vez superadas las elecciones de noviembre. 

Pero al tomar esta determinación se advierte que, en el fondo, el plan que reclaman “los mercados” no puede ser tan diferente al del gabinete. Si las diferencias fueran tan profundas, ¿por qué no discutir el acuerdo con el Fondo durante el período electoral? Hay dos opciones: o el oficialismo no ve la oportunidad de aprovechar el momento de mayor discusión política entre los argentinos para presentar un plan alternativo y “contrastar entre dos modelos”, o teme el costo electoral de firmar un programa que condicionará los próximos 10 años de la economía nacional.

Si la segunda opción es la correcta, los condicionamientos del FMI (baja del gasto y reformas estructurales) para firmar la reestructuración de la deuda por US$45.000 millones que dejó el gobierno anterior se harán sentir una vez conocido el resultado electoral. 

El ex presidente del BCRA durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, Juan Carlos Fábrega, consideró que el gobierno hará una devaluación “controlada”, ya que la política de atrasar el mayorista lleva a que “a fin de año tenés una diferencia del 15% o 20% y se impone hacer algún ajuste que puedas controlar”. En el medio, se habrán dilapidado miles de millones de dólares con el único objetivo de ganar una elección, para terminar haciendo algo no tan distinto a lo que reclamaba el “mercado” en primera instancia.