El Poder Ejecutivo Nacional dispuso la intervención del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Se trata de los organismos que controlan a las empresas del sector. 

El Gobierno explicó que la decisión se toma en el marco de la “Emergencia Pública”, a través del cual se faculta al Poder Ejecutivo “a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020”.

Al frente de la intervención del ENRE se designó como interventor a Federico José Basualdo Richards. En tanto que a ENARGAS irá el bioquímico Federico Bernal.

La intervención del ENRE es decretada por un plazo de 180 días, para iniciar el procedimiento de revisión de los concursos de los directivos actuales y en caso de que resuelva su anulación, o si hubiese concluido el plazo de mandato de alguno de ellos, deberá iniciar el proceso de selección de quienes los reemplazarán.

En los considerandos del decreto se explica que “deberá realizar una auditoría y revisión técnica, jurídica y económica que evalúe los aspectos regulados por la Ley N° 27.541 en materia energética. En caso de detectarse alguna anomalía, el Interventor deberá informar al Poder Ejecutivo Nacional los resultados de la misma, así como toda circunstancia que considere relevante y deberá aportar la totalidad de la información de base y/o documentos respectivos, proponiendo las acciones y medidas que en cada caso estime corresponda adoptar”.

La intervención de ENARGAS será hasta el 31 de diciembre de 2020. Al igual que en el ENRE, se dispuso la suspensión de las funciones de los actuales miembros del ENARGAS en sus cargos, sin goce de sueldo, a partir de la entrada en vigencia del decreto y mientras dure la intervención. Tras revisar los concursos del actual directorio, ante la posibilidad de resolver su anulación o si hubiese concluido el plazo de mandato, se deberá iniciar el proceso de selección de sus reemplazantes.

El decreto agrega que “se deberá resolver la iniciación de un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente o de una revisión de carácter extraordinario que alcance todo lo pretérito actuado y sucedido en esta materia para volver a determinar una tarifa del servicio público de gas que sea justa y razonable”.