Debido a la fuerte suba del gasto, consecuencia de los programas de ayuda estatal para contrarrestar los efectos de la crisis del coronavirus, el déficit fiscal primario del Sector Público Nacional se mantuvo muy alto en junio, al alcanzar los $253.706 millones.

En el mismo sentido, el pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intra-sector público, ascendió a $34.859 millones. De esta forma, el resultado financiero del SPN registró un déficit de $288.565 millones.

Con el resultado de junio, el deficit acumulado en el primer semestre representa un 3,3% del PBI, al alcanzar los $900.000 millones, según la consultora Ecolatina. En junio, los ingresos totales del sector público sumaron $402.899 millones, con una suba del 7,8%. A pesar de la persistencia de los efectos negativos de la pandemia y de las medias de aislamiento y distanciamiento social, el crecimiento interanual de los recursos se aceleró respecto de mayo, indicó el reporte.

Por su parte, los ingresos tributarios crecieron 26% interanual impulsados por los aportes y contribuciones a la seguridad social (+23%), impuestos a débitos y créditos (52%) y bienes personales (+293%). También influyó el incremento del resto de tributos ($11.376 millones, 53%), explicado mayormente por el impuesto PAIS (+ $10.681,4 millones).

Las rentas de la propiedad se vieron afectadas por las medidas de alivio financiero para las familias, mientras que los recursos de capital muestran una caída sustancial debido a la elevada base de comparación. En cuanto a las primeras, percibieron una caída de 20,1% interanual debido a la suspensión del pago de las cuotas por créditos otorgados de la ANSES al sector privado.

Con respecto a los segundos, se observó una caída de $50.507 millones (-78%) que se explica por la venta de activos fijos de empresas públicas registrada en junio de 2019 por un monto de $44.596 millones y, en menor medida, por menores recursos disponibles de ANSES para el financiamiento del programa de Reparación Histórica.

Sobre las erogaciones del sector público, el gasto primario ascendió a $656.605 millones (+73%). Este monto es reflejo del sostenimiento de las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional para contener al empleo, la producción y el ingreso de las familias en el marco de la pandemia, además de compensar la caída de recaudación de las administraciones provinciales.

En cuanto a las transferencias corrientes, se registró un incremento interanual de $175.296 millones (+204%), de los cuales $150.241 fueron percibidos por el sector privado. Las erogaciones en concepto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) concentraron cerca de $99.750 millones del incremento.

Por su parte, el programa Alimentar registró un incremento de $8.050 millones y las asignaciones en materia de Apoyo al Empleo aumentaron alrededor de $2.950 millones. Respecto a las medidas de contención sanitaria, se financiaron erogaciones adicionales de la Superintendencia de Salud y del PAMI por casi $12.500 millones.

En el marco de la emergencia económica y la consecuente contención de las tarifas de los servicios públicos, los subsidios a la energía en junio registraron un incremento interanual de $26.022 (+115%). Dentro de esta variación, el aumento de la asistencia financiera a CAMMESA representó $17.200 millones.

En lo que refiere a las transferencias al sector público, aquellas con destino en las provincias registraron un incremento de $15.913 millones (+304%). Este aumento fue explicado por las transferencias a provincias en concepto de convenios especiales ($8.106 millones), erogaciones destinadas a reforzar las cajas previsionales provinciales no transferidas al SIPA ($2.098 millones), refuerzos a hospitales provinciales ($2.088 millones) y la asistencia al Fondo Nacional de Incentivo Docente ($1.722 millones).

Finalmente, en cuanto a las prestaciones a la seguridad social, las mismas totalizaron unos $291.375 millones, marcando así un crecimiento interanual de 45,4% producto de lo establecido en el Decreto Nº 163/2020.