El juez Ariel Lijo rechazó una serie de planteos realizado por la defensa del Correo Argentino y confirmó que la causa donde se investiga la deuda de la empresa con el Estado y el rol de funcionarios seguirá adelante.

Tras ser privatizada en 1997 y quedar en manos de los Macri como accionista mayoritario, estos no pagaron el canon, por lo que la deuda entre el grupo empresario y el Estado llegó a 296 millones. 

Al ser estatizada en 2003 se inició una causa para que la empresa pague los millones que debía al Estado y en 2016, con una denuncia del Correo al Estado por 1700 millones, el gobierno de Macri llegó a un acuerdo con los privados para que paguen 300 millones en 15 años con una tasa de interes del 7%. 

La fiscal Graciela Boquín rechazó la propuesta por ser "ruinosa y abusiva" ya que además condicionaba el patrimonio del Estado nacional.