Vecinos y ambientalistas se encuentran movilizados desde hace varias jornadas en la provincia de Mendoza a partir de una disposición legislativa que tras su tratamiento express en la Cámara de Diputados así como de Senadores, habilitó cambios en la ley 7.722 que habilita la actividad minera con el uso de sustancias químicas tales como el cianuro.

Bajo consignas como "No se negocia el agua de Mendoza" o "Veto, veto, veto, veto", vecinos y ambientalistas locales comenzaron una marcha en la localidad de San Carlos, perteneciente al Valle de Uco, a unos 100 kilómetros de la capital, que en el día de ayer concluyó frente a la sede del Gobierno de Mendoza.

Sin embargo, tras permanecer en las inmediaciones a la Casa de Gobierno y a partir de la represión encabezada con el lanzamiento de bombas lacrimógenas por partes de las fuerzas de seguridad, la manifestación terminó por dispersarse. 

Por primera vez desde que este conflicto está en agenda se pronunció el flamante ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

La cartera a cargo de Juan Cabandié emitió un comunicado en su sitio oficial desde el cual desliga responsabilidades a escala nacional y atribuye la competencia en materia de explotación minera como una variable "exclusivamente provincial". 

El comunicado del ministerio

La competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente. Es por eso, que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, manifiesta su preocupación por los hechos acaecidos en la provincia de Mendoza.

Asimismo, evaluó una serie de medidas en el marco de sus competencias, esto es: la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de Estado. Dichas medidas se enmarcan en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas.

En este sentido ha dispuesto que las áreas correspondientes analicen una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera, que sirva como instrumento de gestión ambiental, otorgando un piso mínimo de protección y respetando el dominio originario de los recursos naturales en función del artículo 124 de la Constitución Nacional.

Para verlo desde el sitio oficial podes hacer click acá.