Desde el 1 de enero del 2019 en Irlanda habrá acceso al aborto hasta las 12 semanas de embarazo, así como bajo ciertos puntos una vez superado este plazo. La medida tiene efecto tras la firma de dicha ley por el presidente de Irlanda, Michael Higgins.

Lo cierto es que la disposición tuvo como antesala el fallo del Parlamento irlandés que el pasado 13 de diciembre aprobó por amplia mayoría la “Ley de regulación de la terminación del embarazo”, propuesta que da de baja la controvertida octava enmienda que prohibía hasta ahora la Interrupción Voluntaria del mismo.

La nueva normativa arriba tras el histórico referéndum del domingo 25 de mayo donde una parte sustancial de la ciudadanía (66,4%) se pronunció en contra de este impedimento legal.

Hasta ahora, las mujeres que deseaban abortar estaban obligadas a viajar a Reino Unido. Se estima que unas 3000 mujeres han viajado en este 2018 para llevar a cabo la interrupción del embarazo.

La ley permite que los servicios de aborto se brinden hasta la semana 12 del embarazo, así como en el caso de una anomalía fetal fatal o cuando la salud física o mental de la madre esté en peligro.

Al mismo tiempo, han existido ciertas modificaciones sobre el proyecto inicial como la decisión de revisar la legislación después de tres años y no cinco como había sido planeado desde un primer momento. A su vez, se permitirá a dos médicos diferentes evaluar a una mujer en el embarazo temprano.

En este sentido, las modificaciones al proyecto inicial suponen un proceso de continuación en la lucha por mejorar los términos legales sobre la interrupción del embarazo.

“Aún existen importantes deficiencias en la legislación que serán obstáculos para que las mujeres accedan a la atención que necesitan. Ansiamos la plena aplicación de la Ley sobre el Aborto, pero procuraremos colaborar con el Ministerio de Salud en la revisión a los tres años de su entrada en vigor” sostuvo Sorcha Tunney, coordinadora de la campaña de Amnistía Internacional Irlanda.

Entre los motivos de debate figuran el ambiguo umbral que crea la redacción acerca del “daño grave” para la salud de las mujeres; la ausencia de acceso en caso de malformaciones graves (no mortales) del feto y el periodo de espera obligatorio de tres días, entre otros puntos.