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¿Es posible declarar una guerra contra la inflación sin discutir retenciones?

Mañana comienza "la guerra contra la inflación en Argentina". Las medidas que trascendieron no difieren de las tomadas hasta el momento. Desacoplar la economía local del shock de precios internacional es fundamental para que la inflación no escale otro nivel.

¿Es posible declarar una guerra contra la inflación sin discutir retenciones?
Alberto Fernández advirtió que mañana comienza "la guerra contra la inflación en Argentina".

El dato de la inflación de febrero, revelado este martes por el Indec, volvió a encender las alarmas en el Gobierno. El 4,7% de incremento en los precios durante el segundo mes del año, pero sobre todo el 7,5% del rubro Alimentos y bebidas, llevó a que el presidente anunciara que “el viernes empieza la guerra contra la inflación en Argentina”.

De momento, la artillería oficial no traería grandes novedades. Según trascendió, se trata de nuevas versiones de acuerdos de precios y fideicomisos como los que se implementaron durante los últimos meses, sin grandes resultados.

Para el mediano plazo, el plan antiinflacionario oficial está escrito en el Memorando de Políticas Económicas y Financieras firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Allí se establecen metas de reducción del déficit fiscal, una consecuente eliminación gradual de la emisión monetaria hacia el 2024 y una política de tasas de interés reales positivas. Un programa que se acerca bastante a la ortodoxia económica, más allá del diagnóstico multicausal del problema. 

Sin embargo, las mayores tensiones sobre el nivel de precios se encuentran en lo inmediato. De no contrarrestar los efectos locales de las distorsiones generadas por la guerra en Ucrania en los mercados, se corre el riesgo de escalar un nivel en la inercia inflacionaria.

El shock de la guerra en Ucrania

El salto en los precios internacionales de las materias primas agrícolas tiene un efecto dual sobre la economía argentina. Por un lado, mejora considerablemente los márgenes de ganancia de los productores y exportadores del sector agropecuario, al tiempo que incrementa el ingreso de dólares y la recaudación estatal a través de los derechos de exportación. Por el otro, las nuevas cotizaciones del trigo, maíz y la soja son trasladados a los precios internos de los alimentos, acelerando la inflación.

Pese a lo abultado del dato de febrero, este shock externo está teniendo pleno impacto durante marzo. El caso emblemático es el precio del pan, que acumula un 50% de aumento desde comienzos de el mes pasado luego de un incremento del 25% durante febrero y otro tanto durante el mes corriente, tras el impacto de la disparada del trigo. En consecuencia, el kilo de pan se vende a $300 en promedio.

En contraparte, un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, que considera el aumento de precios internacionales al 7 de marzo, proyecta un incremento del margen neto para la siembra de trigo en campo propio del 25% en dólares respecto al año pasado.

Las retenciones

Es en este marco de aumento en los márgenes de ganancia del sector que se instala el debate sobre las retenciones. Un incremento en las alícuotas de los derechos a la exportación que pagan el trigo y el maíz se traduce en una baja en el precio interno de estas materias primas, que repercutirá en toda la cadena alimenticia. 

Esto sucede porque el impuesto funciona como un “descuento” en el precio de venta al exterior: hoy el trigo paga un 12% de retención por exportar, por lo tanto en el mercado interno debería vender a un 88% del precio internacional (dejando de lado la cotización del dólar). Un incremento en la alícuota implica un mayor desacople de la cotización en los mercados de commodities. 

La lógica del capitalismo lleva a que los productores busquen acaparar completamente la renta extraordinaria, y se opongan a las retenciones para maximizar sus ganancias. Por eso, frente al rumor del aumento en las alícuotas de los derechos de exportación, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias emitió un comunicado donde advirtió que "No hay más margen para manoseos ni para seguir expoliándonos como sector, ni avasallándonos. Los productores de todo el país no permitiremos ni dudaremos en defender nuestros derechos como lo hicimos hace 14 años, exactamente un día como hoy", haciendo alusión a la resolución 125.

De esta forma, mientras el presidente declara una guerra contra la inflación, los productores declaran la guerra contra las retenciones. Hasta ahora, la ventaja es para el segundo bando. 

La guerra contra la inflación

El gabinete económico no sólo rechaza un incremento en las alícuotas sobre el trigo y el maíz por la debilidad política del ejecutivo. También hecha mano a un argumento económico: según los datos que dispone, ya fue vendida casi la totalidad de la cosecha de trigo disponible para exportación. En esta línea, avanzar con una suba del impuesto tendría un efecto recaudatorio casi nulo.

Sin embargo, los rendimientos del sector se miden en referencia a los precios internacionales, en dólares. Por más que los productores no puedan vender su cosecha al exterior, esa cotización es la que se utiliza para calcular los precios internos. De hecho, ese es el motivo por el cual se disparan los derivados del trigo y maíz en el mercado interno. Por lo tanto, el argumento oficial sólo tiene sentido recaudatorio (y político). Si el oficialismo no quiere perder la “guerra contra la inflación”, esta herramienta debería implementarse aunque su resultado en las cuentas públicas sea inocuo.

Aumento en las cotizaciones internacionales. Fuente: Ieral, Fundación Mediterránea

En este sentido, una de las medidas adelantadas para la “guerra contra la inflación” es el incremento en la alícuota de las retenciones sobre harina y aceite de soja, dos productos que casi no tienen incidencia en precios internos. Lo recaudado se utilizaría para financiar un fideicomiso destinado a subsidiar el valor de los derivados del trigo para aliviar el traslado a precios de los alimentos. Aparentemente, el shock externo en las cotizaciones internacionales se convierte en un derecho adquirido para los productores y exportadores agropecuarios locales, ya que el precio que reciben queda fuera de la discusión.

En este marco, si las medidas para frenar los incrementos de precios se limitan a acuerdos de precios, fideicomisos y mesas de diálogo, la guerra está perdida antes de comenzar. Pero quienes la están perdiendo no son sólo los funcionarios, sino principalmente las personas que acumulan cuatro años de pérdida de poder adquisitivo, donde las perspectivas de revertir su situación se nublan cada vez más. Mientras la pauta paritaria establece un 45% para los incrementos salariales de este año, las perspectivas inflacionarias se estacionan bien por encima. 

Si la guerra contra la inflación no se toma en serio y se ponderan las ganancias extraordinarias de un sector minoritario de la población frente a un seguro incremento de la pobreza, las imágenes del centro porteño y las principales ciudades del país repletas de manifestantes van a formar parte del paisaje cotidiano.

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