La Fiscalía de Bolivia informó en las últimas horas la acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el ex presidente de la República y del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, quien se encuentra en la Argentina y por quien se pidió su detención preventiva.

La acusación fue emitida por la Comisión de Fiscales Anticorrupción en el contexto de la investigación del llamado Caso Audio, por una grabación telefónica en la que una voz que se atribuye al ex mandatario insta a bloquear ciudades durante el conflicto político y social que atravesó el país tras las elecciones generales y el posterior golpe de Estado.

La imputación por supuestos delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo se basa en una conversación telefónica con el dirigente cocalero Faustino Yucra: "De acuerdo con las investigaciones, se evidenció que el exjefe del Estado y el coimputado Faustino Y.Y. mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México".

"Aparentemente, en esa conversación Morales habría instruido al dirigente cocalero cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019", informa el escrito. 

Una pericia informática permitió encontrar en un teléfono de Alejandro Y.S., hijo de Faustino, un video que circuló en redes sociales y que incluye ese audio, que fue enviado al Cuerpo Técnico de Investigación del Ministerio Público de Colombia, que concluyó que existe "una alta probabilidad de identificación de la voz" de Morales.

A partir de esto es que Yucra fue enviado bajo prisión preventiva a un penal de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra tras ser detenido en abril pasado por acusaciones de terrorismo y sedición dentro de este mismo proceso judicial, que se encuentra en fase preliminar.

Tras conocerse la noticia, Morales reaccionó a través de Twitter: "De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado, una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto; pronto volverá la democracia y el estado de derecho a Bolivia”.

Por su parte, la defensa del ex mandatario descartó las acusaciones que hizo la fiscalía: “Las pruebas no existen, la acusación fiscal es un disparate, igual que el pedido de detención. No hay cargo penal alguno que deba incriminar al ex Presidente”, afirma la declaración emitida por los abogados Eugenio Zaffaroni y Raúl Ferreyra.

“Bolivia es un Estado de no derecho en el que rige la fuerza bruta. La imputación a Evo Morales constituye la enésima evidencia del Estado policial en Bolivia”, completa, haciendo referencia al gobierno de facto de Jeanine Áñez.

En último término se señala que “Morales lucha por la recuperación del Estado constitucional y la democracia. El peso de nuestras razones despeja los señalamientos despreciables, como son la imputación y el pedido de detención”. 

El 22 de junio pasado Áñez finalmente promulgó la pospuesta ley que establece que las elecciones generales se realizarán el 6 de septiembre próximo, después de que la Asamblea advirtiera que lo haría si la mandataria se negaba.

En ese mismo mensaje, la funcionaria provisoria comentó:“En este tema de riesgo, quiero pedir al señor (ex presidente) Evo Morales, Luis Arce Catacora (candidato presidencial del MAS) y Carlos Mesa (ex presidente y también candidato presidencial), que asuman con valentía la responsabilidad que tienen al haber exigido con tanta insistencia para que hagamos elecciones en plena pandemia”.

Las elecciones estaban programadas originalmente para el 3 de mayo pasado, pero se resolvió aplazarlas debido a la pandemia de coronavirus. Posteriormente, el TSE propuso que se efectuaran entre el 28 de junio y el 27 de septiembre, pero el parlamento sancionó la Ley de Postergación de las Elecciones Generales y estableció un plazo de 90 días a partir del 3 de mayo para que se realizaran.