El gobierno nacional decidió extender por seis meses más el congelamiento de las tarifas dispuesto en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva aprobada en diciembre.

La medida está orientada los hogares vulnerables, definición que abarca a beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE); de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, actualmente en $ 16.875; monotributistas sociales; y jubilados y pensionados. 

También a los trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos SMVM, y a los monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el salario mínimo. 

Del mismo modo, el poder Ejecutivo amplió de 3 a 6 la cantidad de facturas impagas que un usuario vulnerable debe tener hasta que su servicio sea cortado.

Las prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital serán las que no podrán interrumpir los servicios.