Este viernes, Mauricio Macri fue imputado por el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial tras la denuncia del Gobierno nacional por presunto "contrabando agravado" a raíz del envío armamento a Bolivia en noviembre de 2019.

En el escrito, que fue presentado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart, se solicitan las primeras medidas de prueba, que incluyen pedidos de informes al gobierno argentino y a Bolivia.También fueron imputados los exministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, respectivamente; el exjefe de la Gendarmería, Gerardo Otero y otros dos gendarmes; y al exembajador de argentino en Bolivia, Normando Álvarez García.

A su vez, el dictamen no incluye algunas cuestiones planteadas por el Ejecutivo nacional en su denuncia, como un informe de las llamadas entre el expresidente y los demás acusados para hacer un entrecruzamiento, así como tampoco las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad ni "los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación". Quedaron excluidos el excanciller Jorge Faurie y los exdirectores de Aduanas, Jorge Dávila, y de Anmac, Eugenio Cozzi.

"Me dirijo a usted con el dolor y la vergüenza que me causó haber tomado conocimiento, por medio de la publicación de la nota remitida por autoridades militares bolivianas el 15 de noviembre de 2019 al entonces Embajador argentino en su país, Normando Álvarez García, de la colaboración del Gobierno del Presidente Mauricio Macri con las fuerzas que perpetraron el Golpe de Estado contra el Gobierno Constitucional del presidente Evo Morales", escribió hace algunos días el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a su par boliviano, Luis Arce.

Y continuó: "Quiero en primer lugar pedirle disculpas a su gobierno y a su pueblo en nombre del pueblo argentino. Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días. Se trató de una colaboración decidida por el gobierno del entonces Presidente Mauricio Macri con la represión militar y policial que sufrieron quienes defendían el orden institucional en su país".

"Estos hechos están siendo analizados por un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Guardo para tranquilidad de mi conciencia, haber hecho cuanto antes estuvo a mi alcance para preservar la vida de Evo Morales, Álvaro García Linera y muchos otros hermanos bolivianos asediados por los golpistas. Nuestras democracias están fuertes. Tenemos que seguir trabajando para consolidarlas. Con el respeto y afecto de siempre. Sinceramente", finalizó la misiva de Fernández.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri desmintió las acusaciones y repudió la carta que Fernández envió a Arce, asegurando, a través de su cuenta oficial de Facebook, que "todo lo dicho es falso y mentira".

"Para conocimiento de la opinión pública, aclaro que en noviembre de 2019, tras las denuncias de fraude y la posterior renuncia de Evo Morales y en línea con la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, la Argentina prestó ayuda humanitaria. Dimos asilo en la embajada argentina a funcionarios de Evo Morales e incluso sus familias, junto a periodistas argentinos asignados en ese país", argumentó.

Ahora, avanza en paralelo otra causa por los mismos hechos, presentada por el excamarista Eduardo Freiler y le tocó también al fiscal Navas Rial aunque con otro juez, Alejandro Catania. Los dos expedientes se van a unificar, sin embargo, no se informó en qué juzgado.