El shock inflacionario de marzo se reflejará la próxima semana en el dato del Indec que arrojará alrededor de un 6% mensual. El traslado del salto en las cotizaciones internacionales de materias primas a precios internos, que recalienta una inercia inflacionaria del 50% anual, fue convalidado por el gobierno nacional. A partir de este hecho se explica la rápida transición discursiva del presidente desde la  “guerra contra la inflación” hacia la “terapia de grupo”.

En este sentido, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti admite que quedó sólo en la primera línea de batalla: “Estamos en un mundo muy difícil y el ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan la volatilidad y preserven ingresos populares, si no esto se va poner feo”. Mientras tanto, Martín Guzmán encabezó una serie de reuniones con el titular de la UIA, Funes de Rioja, y la cúpula de la CGT para buscar soluciones frente a la pérdida de poder adquisitivo del salario.

Transferencia de recursos

Previsiblemente, la iniciativa de “darle una oportunidad a la paz” concluyó sin medidas concretas. El anuncio relevante de la mesa tripartita es un adelantamiento en las negociaciones paritarias. Lo cierto es que los aumentos salariales acordados entre representantes sindicales y patronales tardan en hacer efecto real sobre los ingresos de los trabajadores, por su propia dinámica. 

Por ejemplo: esta semana se acordó un incremento del 30% para los sueldos de trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico. Pero esta suma es engañosa, porque se otorga en cuotas que se van dosificando. El ajuste será efectivo en un 6% para abril (que se cobra con el recibo que llega en mayo), 9% en mayo y 15% en junio.

Lo mismo ocurre con el resto de las ramas sindicales, que negociarán aumentos que se aplicarán progresivamente. Sin embargo, como mencionamos al principio, estamos frente a un problema de shock de precios. La inflación acumulada del primer trimestre del año estará por encima del 14%. Mientras tanto, la evolución de los salarios se atrasa y quienes tengan la posibilidad de recuperar algo del poder adquisitivo lo harán varios meses más tarde.

En una economía con alta nominalidad como la nuestra, el tiempo es una variable fundamental. O, cómo graficó Juan Domingo Perón prescindiendo de la terminología economicista, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. 

Por este motivo, la mesa tripartita convocada por el gobierno nacional estuvo rodeada con especulaciones sobre la posibilidad del otorgamiento de un bono de suma fija a abonar de forma inmediata para compensar la trepada en los precios, principalmente en los alimentos. Sin embargo, la mesa se plegó a la negativa del abogado laboralista Funes de Rioja, quién representa a las grandes empresas a través de la conducción de la UIA.

Si el poder adquisitivo de los salarios y las personas que dependen de la asistencia estatal para sobrevivir no se condice con el incremento en los precios, se convalida un proceso de transferencia de recursos desde quienes dependen de la negociación paritaria y de la decisión del Estado, incluso de las pequeñas y medianas empresas que se ven obligadas a aceptar precios dados, hacia las grandes empresas que tienen la capacidad de trasladar los aumentos de costos a precios finales.

El bono de Cristina

 

Este jueves tuvimos un gesto compartido entre Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa que puede modificar, aunque sea tardíamente, este panorama. Los titulares de ambas cámaras acordaron el pago de una suma fija de $20.000 para trabajadores del Poder Legislativo que se recibirá con el salario de abril.

El bono extraordinario busca marcarle la cancha al gobierno nacional para que avance en este sentido sobre el resto de la economía. O, por lo menos, sobre quienes puede incidir directamente como los trabajadores estatales. 

De hecho, el año pasado tuvimos un antecedente similar también encabezado por la vicepresidenta. Martín Guzmán buscaba imponer acuerdos paritarios del 29%, en línea con su proyección inflacionaria establecida en el Presupuesto 2021 (que terminó cerrando en 50,9% según el Indec). En ese marco, CFK y Massa acordaron con el personal legislativo un incremento salarial del 40% en junio, lo cual impulsó a que el resto de los gremios rediscutan sus paritarias a partir del nuevo piso de aumentos.

Por su parte, el gobierno nacional anunció el otorgamiento de un bono de $6.000 para jubilados y pensionados que cobren menos de $38.630, anticipando que el aumento que corresponde por la fórmula jubilatoria de Anses quedará por debajo de la inflación trimestral. 

Además, en el marco de un incremento en la conflictividad social con los movimientos sociales, se resolvió incrementar en un 50% el monto otorgado en la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, nos volvemos a encontrar con el problema de la nominalidad: el monto que otorga esta asistencia social había sido actualizado por última vez en febrero de 2021, por lo que el 50% para abril de este año corre incluso por detrás de la inflación acumulada, repercutiendo en una pérdida de poder adquisitivo de la Tarjeta en términos reales.

Cambio de frente o continuidad de Fondo

El conservadurismo del gobierno para hacer frente a la nueva realidad social se puede explicar porque el ejecutivo tiene un plan económico que ordena sus movimientos. Y que lleva a suponer que esta vez la jugada de los titulares del parlamento tenga menos probabilidades de éxito que en el pasado.

El programa del equipo económico es público, fue presentado en el Congreso y está firmado por el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. Es la letra chica acordada con el organismo internacional para refinanciar la deuda de US$44.000 millones contraída bajo la administración de Mauricio Macri.

Bajo este programa se prohíbe explícitamente realizar gastos extraordinarios no contemplados en el acuerdo. Y, en caso de ser necesarios, deben ser consultados con el staff técnico del organismo. Un gasto extraordinario puede ser el otorgamiento de un bono a los trabajadores estatales. Tal vez esto explique la seguridad que muestran los representantes de las grandes empresas a la hora de mostrar sus vetos sobre la política económica.

En este marco, quienes aseguran que el Gobierno no dispone de un programa para reducir la inflación se equivocan. Las metas acordadas con el FMI destacan la reducción del déficit fiscal, un fuerte ajuste en el financiamiento monetario al Tesoro (emisión), y la implementación de tasas de interés reales positivas (por encima de la inflación). Se trata de un combo antiinflacionario de manual de la ortodoxia económica.

El gabinete viene trabajando silenciosamente para cumplir estas metas. El informe monetario mensual del Banco Central aseguró que la Base Monetaria tuvo una caída del 2,4% durante marzo, registrando su primera contracción desde abril de 2021. Incluso, al ser ajustada por estacionalidad e inflación, la Base Monetaria se achicó un 4,9% mensual y una caída del 7,3% interanual. En concreto: se cumple el reclamo televisivo de achicar la cantidad de billetes en circulación.

Martín Guzmán espera que estas políticas impulsen a estabilizar la inflación en un número más bajo del actual sobre el segundo semestre del año. Bajo este programa, impulsar un bono extraordinario que incremente el gasto público (aunque sea en forma marginal) y en consecuencia el financiamiento al Tesoro, sería contraproducente con el objetivo de reducir los aumentos de precios en el mediano plazo.

La única forma de romper este esquema, e impulsar algún tipo de erogación adicional para recomponer los ingresos populares, sería incorporar al excel una partida que compense mediante ingresos extraordinarios la salida de recursos públicos. Este puede ser el único punto donde el cumplimiento de lo acordado con el Fondo y una recomposición parcial del poder adquisitivo sean compatibles. 

Un ejemplo concreto puede ser una suba en las retenciones. Esta medida ayudaría a reducir el nivel de precios en los alimentos desacoplando las cotizaciones internacionales del mercado interno. Al mismo tiempo reduciría los márgenes de ganancia extraordinarios que están teniendo los productores y exportadores agroindustriales, transfiriendo estos recursos al Estado, quién podría usar los fondos para otorgar un bono a trabajadores y beneficiarios de la asistencia social.

Sin embargo, tomar esta decisión requiere de iniciativa política para afectar los intereses de un sector que se está beneficiando de una situación extraordinaria. Y el ejecutivo, en medio de una crisis interna que no hace más que escalar, parece cada vez más lejos de iniciativas de este tipo.

El senador por el Frente de Todos, Oscar Parrili, graficó el escenario: “Si seguimos así vamos a terminar yendo a las elecciones con la boleta de Kristalina”, se refiere a Georgieva, la directora gerente del FMI. 

La afirmación de Parrili se condice con la política económica que traza el gabinete. Sin embargo, no es del todo cierta. El Fondo no va a elecciones, como tampoco lo hace el establishment local. Siempre salen favorecidos e imponen condiciones, sin importar quién gobierne.

Siguiendo a Axel Kicillof: “Los que tenemos cierta responsabilidad de dirigencia no tenemos que tener miedo de enfrentar intereses de ciertos sectores”. Mientras el gobierno que fue votado para recomponer el poder adquisitivo de las mayorías no actúe en consecuencia, los lineamientos de la política económica van a seguir siendo delimitados por quién perdió la reelección pero dejó una herencia más profunda, lo cual le permite jugar a las cartas en Turín con tranquilidad.