El proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación a fin de modificar el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos comenzará a ser tratado esta tarde en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

La reunión, prevista a partir de las 14:00, será presidida por los legisladores nacionales Carlos Heller y Marcelo Cassareto (titulares en las comisiones de Presupuesto y Previsión, respectivamente). 

Según lo dispuesto, los diputados allí presentes primero escucharán las opiniones de los diferentes invitados y, luego, se abocarán al debate. 

En este sentido es que fueron convocados representantes de la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (APSEN).

De igual manera se espera que se manifiesten al respecto el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el director ejecutivo de ANSES, Alejandro Vanoli.

Al respecto de la eventual aprobación de este proyecto, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, afirmó que “entre 100 y 150 jueces renunciarían de aprobarse esta ley", considerando que se trata de magistrados que "ya tienen la jubilación concedida por cumplir con los requisitos de edad (60 años) y aportes (más de 30 años)".

Los cambios del proyecto

En líneas generales, el proyecto de ley que busca eliminar los beneficios de las jubilaciones de privilegio que cobran los jueces y el cuerpo diplomático aplica a un total de 8022 personas que perciben haberes (en promedio) entre $335.000 y $235.000 pesos mensuales (hasta 17 veces más que los 14.067.63 pesos contemplados en la mínima). 

En esto, la iniciativa plantea por caso que la jubilación sea equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, es decir, de los últimos diez años. A su vez marca un aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta llegar a los 65 años

En último término, se entiende que la propuesta tiene un propósito fiscal orientado a reducir los fondos destinados a estas jubilaciones y pensiones (9,7% del total del pago a los jubilados) y otro político, con la intencionalidad de visibilizar el esfuerzo “entre todos” en un marco de emergencia social y económica.