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La Coalición Cívica busca el llamado a indagatoria de Cristina Kirchner y Florencio Randazzo

La presentación será realizada por las diputadas nacionales del espacio, Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada. ¿De qué los acusan?
La Coalición Cívica busca el llamado a indagatoria de Cristina Kirchner y Florencio Randazzo
Randazzo no se alineará con Cristina Fernández de Kirchner (Foto: NA)

Las diputadas nacionales de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada, presentarán este martes 17 de octubre una denuncia penal ante a Justicia por una presunta "trama delictiva" en el Puerto de Buenos Aires durante 2011 y 2015, mediante el presunto cobro de seguros por el daño a contenedores

En ese marco reclamarán el llamado a indagatoria de la expresidenta Cristina Kirchner y del exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo.

Las legisladoras oficialistas radicarán este martes la denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py "para que se investigue la presunta falta de control por parte del Estado Nacional en la operación de tramas delictivas ocurrida entre 2011 y 2015 en el Puerto de Buenos Aires", se informó en un comunicado.

La denuncia la llevan adelante las diputadas nacionales de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada

Concretamente, pedirán que la Justicia investigue si existió un "aprovechamiento de servicios y facilidades de titularidad y uso público del comercio marítimo para el enriquecimiento indebido de particulares y funcionarios, mediante la intimidación, la violencia y el abuso de poder".

Justificaron el pedido de indagatoria de la expresidenta y Randazzo en que ellos "eran los responsables de controlar el normal funcionamiento del único puerto que es propiedad del Estado Nacional", indicó Gregorio Hernández Maqueda, el abogado de las diputadas.

Para el letrado, "sin la complicidad de estos funcionarios hubiese sido imposible para las terminales exigir el pago de los 85 dólares por contenedor en beneficio de una empresa privada como es APC S.A.".

Hernández Maqueda hacía referencia al "cobro bajo extorsión" de una póliza de seguro ante daños en los contenedores a fin de obtener un certificado denominado TAP (Transporte Argentino Protegido).

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