En el marco de la megacausa por tráfico de drogas que está llevando adelante el juez federal Sergio Torres, un nuevo imputado colaborador declaró el pago de sobornos al juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila y al secretario penal Pablo Molina, con el objetivo de beneficiar al narcotráfico de Itatí.

El arrepentido es un abogado que era intermediario entre los acusados y el juzgado que aportó los lugares y los métodos del pago de los sobornos.

Tanto Molina como Federico Grau, otro secretario penal, están detenidos desde el martes pasado. La acusación se basa en una asociación ilícita liderada por Soto Dávila.

El mismo Soto Dávila ya fue indagado y se declaró inocente con la capacidad de demostrarlo en la causa. Además, se posicionó como víctima y puso en duda la veracidad de las declaraciones de los arrepentidos en la causa al desconocer sus identidades y acusarlos de querer mejorar sus propias situaciones judiciales involucrándolo en la investigación.

El imputado colaborador declaró:

 "Al principio Molina quería cobrar 100.000 o 150.000 pesos por las excarcelaciones, y yo le decía que el valor del mercado era menor".

Soto Dávila hace más de 20 años es el juez federal en Corrientes. Está a cargo de la investigación del crimen organizado pero además tiene competencia electoral y es el encargado de la organización, control y la toma de decisiones de los comicios en la provincia.