El miércoles pasado Jean-François Delfraissy, presidente del consejo científico que asesora a Emmanuel Macron en la pandemia por coronavirus, sentenció: “Deberán continuar el confinamiento". La declaración se hizo en referencia a la situación de los mayores de 65 años y personas con patologías graves en los días posteriores a la reducción de la cuarentena prevista para el 11 de mayo en Francia. "Por cuánto tiempo, no lo sé, quizás habrá que esperar a que haya un tratamiento preventivo”, continuó sin optimismo el inmunólogo ante el comité legislativo del Senado.

El anuncio causó estupor e indignación en intelectuales, abogados, expertos en medicina y ciudadanos comunes a lo largo de toda Francia que se lanzaron a criticar duramente la medida desde un punto de vista médico, ético y hasta jurídico.

A pesar de que las más de 18 millones de personas a las que alcanzaría la orden-en su mayoría adultos mayores, entre los cuales también se encuentra Delfraissy- son la población más vulnerable ante la pandemia de COVID-19, que acumula un saldo de más de 19 mil muertes en Francia, el economista, analista político y empresario francés cercano a Macron, Alain Minc, llegó a advertir de una potencial “rebelión de las canas”.

Antes esa escalada, el presidente Macron señaló que “no quiere discriminar” a los ancianos, que no se tratará de una medida obligatoria y que “apelará a la responsabilidad individual” de cada uno. Sin embargo, ante la falta de definiciones del mandatario, el debate y la polémica sobre la estrategia que aplicará el Gobierno para ese amplio segmento de la población -en medio del desconfinamiento de 67 millones de personas- siguen abiertos.

El periódico francés Le Figaro fue uno de los primero en criticar la medida y aseguró que los jubilados franceses sienten “ira” y están “molestos por sentirse infantilizados y discriminados". Desde sus páginas, la psicóloga y autora Marie Hennezel, de 73 años, calificó esta barrera de edad “tan arbitraria como injusta, discriminatoria y anticonstitucional” y reclamó un “debate ético” sobre el tema.

Minc se refirió incluso a "un arresto domiciliario para ancianos”. “Los textos ambiguos para las libertades civiles ya han pasado. Un confinamiento por grupos de edad sería la gota que colma el vaso”, dijo. “¿Son los ancianos más contagiosos? No, no lo son. ¿Son los ancianos más vulnerables a Covid-19? Sí, pero es su libertad correr el riesgo. El único argumento válido para justificar el confinamiento de los mayores de 70 años podría ser el deseo de no obstruir las unidades de cuidados intensivos. Pero adoptar medidas relacionadas con la edad sería una negación de la propia filosofía francesa”, afirmó.

Un debate global

 

El debate por la estrategia de desconfinamiento de los adultos mayores, sin embargo, no es sólo un asunto francés y la discusión se replica en varios países de Europa y América Latina.

En Reino Unido, por ejemplo, -donde la pandemia acumula ya más de 15 mil muertos y está en su pico- el gobierno británico elaboró “la estrategia del semáforo” para levantar el confinamiento. La roja, la tercera y última etapa y la que ha generado mayor controversia, pretende prolongar la cuarentena para la población de riesgo durante meses, más concretamente hasta que exista una vacuna, lo que podría obligarlos a permanecer en cuarentena hasta el año próximo.

En sentido contrario, Angela Merkel sentó este fin de semana una posición contundente respecto a esta alternativa. “Encerrar a nuestros mayores como estrategia de salida a la normalidad es inaceptable desde el punto de vista ético y moral”, declaró la canciller alemana.

En el hemisferio Sur, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intentó durante esta semana establecer que todos los mayores de 70 años deban tramitar una autorización especial para salir a la calle que solo tendrá validez para un día determinado.

“Es una medida anacrónica. Son teorías del viejismo superadas que no sirven de nada y que tienden a generar la violación de la norma”, señaló el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino. “El adulto mayor no es un débil mental”, disparó sobre la medida que también cosechó críticas de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y la ensayista argentina Beatriz Sarlo, que lo definió como “un estado de sitio selectivo”. Finalmente, el gobierno porteño debió retroceder con la medida y aclaró que no habrá multas ni sanciones. "Si encontramos en la calle a un adulto mayor sin el permiso le vamos a pedir que vuelva a su casa, solo eso”, indicaron tras la contundente reacción negativa.