El ex titular de Comunicaciones y actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, será indagado en el día de hoy en el marco de la causa que investiga su supuesta participación en el fallido acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino S.A.

Dentro de este proceso ya se presentaron a los Tribunales de Comodoro Py el presidente del Directorio del Correo, Jaime Robirosa, el ex director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa y el abogado Jaime Kleidermacher.

Recordemos además que el pasado martes la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció tanto a Presidencia de la Nación como a la Procuración del Tesoro por haber avalado el cierre del sumario administrativo.

Fue la Procuración desde donde se solicitó cerrar el expediente interno para analizar las implicancias de los funcionarios del ministerio de Comunicaciones. La denuncia fue realizada por el fiscal Sergio Rodríguez y quedó asentada en el fuero Contencioso Administrativo.

Para hablar de esta causa es necesario volver a 1997 cuando la concesión del Correo, después de su privatización, quedó en manos de un grupo integrado en un 67% por Socma (Sociedades Macri), firma perteneciente al actual mandatario y que al año 2001 alcanzó una deuda de $296 millones con el Estado Nacional.

El gobierno de Macri había alcanzado un acuerdo con la compañía para que se pagara la deuda, pero la fiscalía de la Cámara Comercial pidió rechazar esta disposición por considerarla "abusiva y perjudicial" para el Estado, ya que implicaba una quita del 98,2% de la deuda al no considerar los intereses de la misma.

El pasado 4 de octubre el presidente de la Nación, comunicó mediante el Boletín Oficial, la decisión de excusarse de intervenir en toda cuestión relacionada con la firma Correo Argentino.

¿Qué pasó de ahí en más?

11 días después, y a través del decreto 907, el gobierno nacional cerró la posibilidad de investigar administrativamente la deuda del Correo Argentino. Recordemos que por estar implicado el propio Presidente en la causa, el decreto en cuestión llevaba la firma de la vicepresidente Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Es decir, a través de esa resolución, los abogados del Estado dieron "por clausurado el sumario administrativo" que se había dispuesto en febrero de 2017 producto de la condonación de la deuda del correo que el Estado había realizado.