El papa Francisco decidió suspender e investigar a cinco funcionarios del Vaticano, entre ellos el número dos de la Autoridad de Información Financiera (AIF), Tommaso Di Ruzza.

La suspensión se dio luego de que la Justicia allanara las oficinas del Vaticano y se lleve para investigar una serie de documentos y equipos electrónicos.

Asimismo, la denuncia fue presentada en el verano europeo por el Instituto de Obras Religiosas y por el Auditor General del Vaticano, por una serie de operaciones financieras sobre inmuebles que posee la Santa Sede.

La Autoridad de Información Financiera a la que pertenece Di Ruzza, uno de los apartados, es el organismo que debe trabajar e investigar contra las acciones de lavado y desvió de fondos. 

Según informó L' Espresso, la revista italiana que publicó los documentos, los apartados son dos empleados de la Secretaría de Estado, Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi; una empleada de administración, Caterina Sansone; el monseñor Mauro Carlino y Di Ruzza.