Por estos días y en la ciudad de Campana está teniendo lugar la V Conferencia de la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires. Fue desde allí que tuvieron lugar las declaraciones y el ascenso mediático del presidente de la Corte Suprema bonaerense, Eduardo De Lazzari. 

Refiriéndose a escuchas ilegales, espías anónimos, presión mediática y política, así como el exceso de testigos de identidad reservada fue que el titular de la Justicia por la provincia marcó su preocupación de que el sistema judicial de este distrito se “contagie” de lo que está ocurriendo a escala federal.

Fue a raíz de esto que salió al cruce la gobernadora María Eugenia Vidal quien en referencia a las declaraciones realizadas por De Lazzari marcó que, en caso de existir esas anomalías, tiene la obligación de denunciarlas. Esta postura fue respaldada por el procurador Julio Conte Grand, quien solicitó investigar los dichos de De Lázzari.

“Cuando uno es responsable de un poder y sabe que hay un delito -persecución o armado de causas son delitos- está obligado a denunciarlo. Si no, uno es cómplice y es un delito”, marcó Vidal. 

No obstante, los apoyos para el titular de la Suprema Corte bonaerense también tuvieron lugar. Por un lado fue Víctor Violini, juez de Casación, quien sostuvo que “en 25 años dentro de la Justicia” nunca vio “cosas como las actuales”. 

En línea con esto último fue que hace instantes se pronunció Luis Arias, quien en diálogo con La Red marcó que en la provincia de Buenos Aires “cualquier fiscal te arma una causa o interviene el teléfono y ni te enteras”. 

Lo cierto es que a raíz de las declaraciones de la gobernadora, el propio De Lazzari se refirió a casos concretos donde entiende que existen irregularidades sobre el manejo de las causas. Dentro de estos, y entre otros, destaca: 

1. Los alegados “aprietes” sobre el fiscal especial Sebastián Scalera, así como a Vitale y Carzoglio en lo que respecta a las presiones sobre la detención de Hugo y Pablo Moyano, respectivamente. 
2. El caso Bidone y la supuesta entrega de informes sobre llamadas telefónicas que luego fueron utilizados por Marcelo D’Alessio para extorsionar.
3. El Tribunal de Enjuiciamiento iniciado sobre Oscar Acevedo imputado por el armado de causas en combinación con otros abogados.