El Gobierno reglamentó la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional, a través de la publicación de Decreto 1041/2020 en el Boletín Oficial.  La medida refinancia las deudas que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

La iniciativa se convirtió en ley el pasado 30 de octubre en el Senado, al recibir el apoyo unánime del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, interbloque que manifestó -sin embargo- algunas objeciones respectos a tres artículos en los que se abstuvo en la votación en particular. De esta manera, las provincias podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo. Asimismo, mientras se desarrolle la negociación no se le descontarán fondos de la coparticipación.

Además, se cambia el sistema de financiamiento de la ley de Reparación Histórica, para evitar que se utilicen los activos del FGS para pagar los retroactivos, y se fija que deberá ser cubierto con recursos del Tesoro nacional. También se constituye el fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo objeto será invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional, "fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real".

El mismo tendrá una duración de veinte 20 años, contados desde la fecha de su constitución. A su vencimiento, la propiedad de los bienes fideicomitidos quedará en poder de la Anses-FGS en su carácter de fideicomisario.