El gigante farmaceútico Pfizer fue acusado de "intimidar" a los Gobiernos latinoamericanos en las negociaciones por la provisión de su vacuna contra el Covid-19. El laboratorio estadounidense pidió a algunos países de la región que pongan sus activos soberanos (edificios de embajadas y bases militares) como garantía contra el costo de futuros casos legales. La infomación fue revelada por una investigación liderada por el Boreau of Investigative Journalism, con sede en Londres, y el apoyo de OjoPúblico desde Perú.

Estas condicionalidades excesivas llevaron a retrasos en los acuerdos de compra de las dosis. Incluso, en el caso de Argentina y Brasil no se llegó a ningún acuerdo hasta el día de hoy. Las consecuencias del empantanamiento en las negociaciones implican un aumento en contagios y muertes por coronavirus. 

Según la investigación, funcionarios de los países de la región que participaron de las discusiones con Pfizer dijeron que los negociadores de la compañía exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos, después de ser vacunados. En Argentina y Brasil, el laboratorio norteamericano pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros.

En consecuencia, diversas organizaciones sin fines de lucro y activistas internacionales denuncian un "apartheid de vacunas", donde los países occidentales ricos podrán ser inoculados años antes que las regiones más pobres. "Las compañías farmacéuticas no deberían usar su poder para limitar las vacunas salvadoras en países de ingresos bajos y medios", dijo el profesor Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Derecho de Salud Nacional y Global, "[Este] parece ser exactamente lo que están haciendo".

Pfizer ha estado en conversaciones con más de 100 países y organizaciones supranacionales, y tiene acuerdos de suministro con nueve países de América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Sin embargo, se desconocen los términos de esos acuerdos.

La mayoría de los gobiernos ofrecen indemnidad (exención de responsabilidad legal) a los fabricantes de vacunas. Esto significa que un ciudadano que sufre un evento adverso después de ser vacunado puede presentar un reclamo contra el fabricante y, de tener éxito, el gobierno pagaría la compensación. En algunos países, las personas también pueden solicitar una compensación a través de otras estructuras sin ir a juicio.

Sin embargo, los funcionarios consultados por los investigadores señalaron que sintieron que las demandas de Pfizer iban más allá que las otras fabricantes de vacunas, y más allá de las condiciones de Covax, una organización creada para garantizar que los países de bajos ingresos puedan acceder a las vacunas, quien también exige sus miembros que otorguen inmunidad a los fabricantes. Esto representa una carga adicional para algunos países porque significa tener que contratar abogados especialistas y, a veces, aprobar una nueva legislación compleja, para poder eximir a los fabricantes de sus responsabilidades.