Al hacer lugar a un reclamo del sector inmobiliario, la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional la ley de alquileres en la ciudad de Buenos Aires, aprobada por la Legislatura porteña y oficializada a fines de 2017.

Se trata de la ley 5859 que fijaba el monto máximo de la comisión a cobrar en 4,15% del valor total del contrato, a cargo del locador.

La norma prohibía además "requerir y/o percibir mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios y/o continuadores de la locación" y trasladaba a los dueños de las propiedades los costos de gestoría de informes a organismos oficiales.

Además, establecía que en los avisos web de inmuebles debe figurar una leyenda que diga: "Se encuentra prohibido cobrar a los inquilinos que sean personas físicas comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes".

La decisión judicial se dio en base a los amparos presentados por CUCICBA, el CECIN, la CRCI y 75 Corredores Inmobiliarios matriculados, y revocó la sentencia emitida por el juez de primera instancia Lisandro Fastman en agosto de 2018.

El titular de la ONG Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, calificó al fallo como "escandaloso" y se quejó: "Los inquilinos somos rehenes de las inmobiliarias porque el Estado no se hace presente en esta relación desigual".

Aclaró además que hasta tanto quede firme, los inquilinos no deben pagar la comisión inmobiliaria, sino que deben continuar haciéndolo los propietarios, como marca la Ley. 

"El 30% de los inquilinos finalizan los contratos antes de tiempo porque no puede afrontar los aumentos", advirtió Muñoz.  

El fallo señala que el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce que el inquilino tiene carácter de "comitente" y, por tanto, le corresponde el pago de honorarios al corredor que interviene en la operación.

Además, la Cámara rescató que las partes ya poseen facultades para convenir el monto de una comisión de corretaje, por lo que consideró que la Legislatura porteña no tiene facultades para modificar en contrario cuestiones normadas por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Muñoz anticipó que apelarán el fallo dictado ayer y que esperan que ese recurso sea admitido, para que el tema pase al Tribunal Superior de Justicia.