A través de un informe publicado este martes, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) estimó que, considerando la existencia de 30.000 contribuyentes "millonarios", un impuesto a las grandes fortunas, con una alícuota de 2,5%, podría recaudar hasta u$s4.700 millones. Con la aplicación de este impuesto, se podría financiar parte de los gastos fiscales requeridos para enfrentar las consecuencias de la pandemia.

"La recaudación del tributo a las grandes fortunas podría ser suficiente para financiar una renta básica de emergencia familiar para 3 o 4 personas de u$s700 para la población más vulnerable", puntializaron desde CELAG.

Según la publicación, a partir de lo recaudado por un tributo similar al de Colombia y Uruguay (que recaudan entre 0,5 y 1% del PBI) la región podría generar un ingreso adicional de entre u$s25.000 y u$s50.000. Esto representa una séptima parte de lo que organismos internacionales estiman que Latinoamérica necesitará destinar para asistir a los sectores más afectados por el coronavirus.

"Los efectos de la pandemia ya se extienden a 212 territorios y no hay dudas del impacto global ni de que los estados vuelven al centro de la escena con compra de insumos, subsidios a pequeñas empresas y transferencias a trabajadores suspendidos y de la economía informal, gastos que se pueden financiar con un gravamen a las grandes fortunas", indica el informe firmado por Sergio Páez, Guillermo Oglietti y Alfredo Serrano Mancilla.

Según datos de la CEPAL, las economías latinoamericanas podrían caer 5,3%, y eso bajará las recaudación, "por lo que es conveniente estimar la capacidad recaudatoria de este gravamen", según CELAG.

En este sentido, el proyecto diseñado por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, a pedido del titular del bloque del Frente de Todos, Máxímo Kirchner, propone cobrar, por única vez, un impuesto a los patrimonios que superen los $200 millones, a fin de recaudar el equivalente a u$s3.000 millones.

Según el proyecto, quienes tengan más de esa cifra pagarán una tasa del 2% y ese porcentaje será progresivo, con un tope del 3,5%, y se tomará como base los bienes personales declarados hasta marzo de este año, según lo que dejaron trascender fuentes parlamentarias.