El Gobierno continúa aceptando las renuncias delos integrantes del Ministerio Público que habían presentado previo a la ley que modificó el régimen de las jubilaciones especiales del Poder Judicial.

En este caso, son ocho fiscales de diferentes tribunales que habían solicitado su renuncia en febrero, antes que el Congreso aprobara dichos cambios.

Así, el Ejecutivo autorizó la reunica de Guillermo Oscar Cicchetti, Marcela Sanchez y Ana Cristina María Yacobucci, miembros de diferentes Fiscalías que sirven ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Mientras que también dejó su cargo Eduardo Carlos Marina, que actuaba ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de este mismo distrito.

Por otra parte, renunciaron otros fiscales que se desempeñaban ante Juzgados Federales de Primera Instancia: Guillermo Héctor Ferrara y Carlos Alberto Stagnaro, que lo hacían en las jurisdicciones de La Plata y de Mercedes, respectivamente.

La lista se completa con Alejandro José Eustaquio Moldes, que servía al Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala, en Neuquén, y Graciela Silvia López, que se desempeñaba en la ciudad de Córdoba.

La ley subió del 11 al 18% los aportes que deben hacer jueces y fiscales durante sus respectivas actividades.

También estableció el haber inicial en el 82 por ciento del promedio de los 120 últimos salarios que percibieron “durante el período inmediato anterior al cese definitivo en el servicio”.

Además, estas modificaciones también establecieron un incremento gradual de la edad requerida para realizar el trámite jubilatorio, de modo de llegar en el 2025 a los 65 años para el caso de los hombres, mientras que para las mujeres el mínimo se quedará en 60.