Hoy comienza el juicio al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, acusado de haber impedido un aborto no punible a una joven embarazada producto de una violación en 2017 en la ciudad rionegrina de Cipolletti. La víctima tuvo que continuar con su embarazo y el bebé fue dado en adopción. 

Lastra está acusado de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y será juzgado por el caso ocurrido el 2 de abril de 2017, cuando la joven de 19 años llegó al hospital Pedro Moguillansky de Cipoletti, derivada del centro de salud de la localidad Fernández Oro mientras ya cursaba un aborto.

En ese momento Rodríguez Lastra era jefe del servicio de Ginecología del hospital y luego de evaluar el caso, según contó a distintos portales, decidió impedir que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se lleve a cabo mediante la aplicación de medicamentos y accionó para evitarlo. 

Tanto el ginecólogo como la doctora Yamila Custillo fueron denunciados por la diputada por Río Negro, Marta Milessi, defensora y autora de la ley 4796 que regula y controla la atención sanitaria en casos de abortos no punibles. La doctora quedó fuera de la acusación en mayo de 2018.

Por su parte, en declaraciones a la prensa, el médico aseguró: “volvería a actuar de la misma manera hoy y siempre porque no se trata de una cuestión ideológica de ningún tipo más que médico. Las cosas son bien claras, los procedimientos son claros, yo se que los cumplí porque no violé ninguna ley”.

El juicio divide las aguas en la ciudad y frente a los tribunales, se expresan los movimientos a favor y en contra del ginecólogo. Quienes lo apoyan colocaron pasacalles y pañuelos celestes en la vereda e instalaron un pequeño altar en la puerta del edificio judicial.

El juicio comenzó con los alegatos de la Fiscalía y luego le tocó el turno a la defensa.  La víctima declaró a puertas cerradas, acompañada por su madre y hermana. 

Además de incumplir con la ley provincial 4.796, reglamentada en el año 2016, recordemos que el embarazo producto de una violación puede interrumpirse en nuestro país desde 1921. La posibilidad de un aborto seguro por parte del Estado es un derecho que muchos profesionales niegan poniendo en riesgo la vida de la víctima y condenándola a vivir reiteradas situaciones de violencia.