Este miércoles, el Consejo Superior aprobó el proyecto que establece la capacitación obligatoria en los temas de género y violencia contra las mujeres en toda su planta. En paralelo con la Ley Micaela (27.499), autoridades, docentes, investigadores, estudiantes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires deberán realizar la capacitación de forma obligatoria.

El proyecto, que se encierra en el marco del “Protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual”, que se aplica en el ámbito de la UBA a través de la resolución 4043/2015, fue aprobado por unainimidad.

Todo comenzó el año pasado, cuando se dispuso la creación de una comisión asesora del Consejo Superior para realizar el seguimiento de su implementación y elaborar un proyecto de reforma integral del Protocolo que fue aprobado. Pero este año se amplió el marco de aplicación de la norma, haciéndola extensiva a los delitos sexuales.

Por otro lado, se incorpora un artículo que permite extender los efectos de las sanciones administrativas por hechos de violencia de género a todos los cargos o roles que el sancionado pueda tener. Todo esto a través de un procedimiento sumarial y garantizando los derechos de defensa del acusado pero sin revictimizar a quien realice la denuncia.

Además, se establece un procedimiento opcional denominado “Procedimiento Especial de Seguimiento”, de carácter no punitivo, que procure resolver conflictos y reparar a las víctimas sin acudir a procedimientos disciplinarios o a medidas urgentes pero todo esto aprobado por quien denuncia y bajo su consentimiento total.

Con estas medidas, la Universidad de Buenos Aires, con gruesas estructuras oxidadas, se coloca pionera respecto a combatir la violencia de género dentro de un ámbito académico. Habrá que ver cómo funciona en la práctica.