El desenlace sobre lo ocurrido en Jujuy, la nena de doce años violada primero por un vecino y luego por el Estado que la forzó a parir a una beba que debía haber sido abortada legalmente, continúa removiendo aguas. 

La dilatación y la no aplicación de la ILE generó dentro y fuera de la provincia opiniones enfrentadas y muchísima violencia en el discurso en contra del aborto legal. 

El martes pasado la beba que había nacido por cesárea falleció y los sectores religiosos y conservadores se enojaron mucho con todas las personas implicadas, las cuales decidieron que esa cesárea se realice en ese momento.

Cabe destacar que, antes de que la neonata de 700 gramos fallezca, estos mismos sectores recrudecieron su discurso anti aborto, hostigaron a feministas jujeñas y celebraron haber pasado por encima de la voluntad de la chiquita y por encima de la ley.   

Hoy, con un escenario distinto, suceden varias cosas en Jujuy, provincia que lidera, junto con Chaco y Salta,  los distritos con más embarazos adolescentes del país. 

La renuncia del ministro

El ministro de salud, Gustavo Bouhid, se encuentra en el ojo de la tormenta. Fue él quien decidió y ordenó que se dilate la aplicación de la ley para poder hacerle una cesárea a la nena y que la beba nazca viva.

Fue él quien, desde el primer día, se autodefinió como ferviente militante antiderechos y realizó una serie de reuniones y puso tantos palos en la rueda como fueron necesarios para poder realizarle dicha intervención a la menor sin su real consentimiento. 

Recordemos que apenas llegó la nena al hospital, tanto ella como su madre exigieron que se le realiza la Interrupción Legal del Embarazo que debería haber sido aplicada inmediatamente según el protocolo al que adhirió la provincia el pasado abril del 2018. 

Debido a que eso no se cumplió, organizaciones y activistas del movimiento de mujeres resolvieron convocar a una marcha nacional el 1 de febrero y exigen la renuncia de Gustavo Bouhid así como de los directores y jefes y jefas de servicios de los hospitales Paterson de San Pedro y Materno Infantil de la Capital jujeña que negaron un derecho adquirido y violaron todas las normativas vigentes.

Además, indicaron que se realizarán presentaciones legales y sumaron medidas como una radio abierta en donde, además, se juntaron firmas para lograr la renuncia de Bouhid. 

La madre, activa

La nena de doce años llegó con su mamá al hospital de San Pedro, allí denunció que su hija fue violada por un vecino y además exigió que se aplique la ILE.

Ella también fue la encargada de llevar el caso a los medios de comunicación porque los y las médicas ignoraban su pedido.

Luego de presiones por parte del equipo de salud y de la política, la madre aceptó la opción de la cesárea aunque se negó a inscribir a la beba en el registro civil y le envió una carta al ministro también exigiendo su renuncia. 

¿Y el Gobernador? 

Aunque la situación de embarazos adolescentes es crítica en todo el norte argentino, la mayor parte de sus gobernantes son antiaborto.

A raíz de todo este conflicto, el actual mandatario provincial de Jujuy, Gerardo Morales se pronunció varias veces respecto a la situación de la menor y autorizó junto con el Ministro la cesárea realizada. 

Después del desenlace, el funcionario realizó declaraciones a la prensa en las que afirmó, entre otras cosas, que si bien él está en contra del aborto, "se tendría que haber dado un paso hacia la legalización, en particular en muchos casos de adolescentes o situaciones injustas que no debieran penalizarse". 

En la misma entrevista, Morales ratificó que todo lo que se hizo se hizo dentro del marco de la ley y de los protocolos, aunque quienes siguieron el caso aseguran que no fue así. "Lamentamos mucho lo ocurrido; se ha cumplido con la ley, con la voluntad de la niña, de la madre y se han hecho todos los esfuerzos conformes a todos los protocolos del país para salvar la vida de la niña, que era la prioridad porque corría riesgo, y luego la del bebé, pero las cosas salieron mal y los extremos de ambos sectores no están conformes". 

Irónicamente, esta dramática situación de torturta a una menor de edad se presenta por primera, y tal vez única, como el caso que puso de acuerdo a dos sectores por demás divididos. Tanto quienes están a favor del aborto legal como quienes están en contra, coinciden en que el Ministro y el Gobernador deben replantearse su accionar. 

Por el lado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito las críticas son porque no se aplicó la ILE en el momento en el que debería haberse aplicado y, cuando finalmente se realizó la intervención, fue una cesárea, ergo un parto y no una real interrupción.

Por el lado de quienes militan en contra del aborto, las críticas son porque la cesárea fue prematura. Al parecer, señalan que deberían haber esperado algunas semanas más para realizarla. Ergo, no hacer una ILE (aunque en este caso no lo fue porque una cesárea es una forma de realizar un parto), ir en contra de la ley y obligar a la nena embarazada producto de una violación a ser madre.