En medio de la segunda ola de coronavirus y en un contexto al borde de la saturación del sistema de salud, el gobierno nacional implementó nuevas restricciones para contener su impacto. 

Sin embargo, paralelamente sucede otra problemática y de igual gravedad, y ocurre más precisamente cuando "quedarse en casa no es seguro". Organizaciones de mujeres alertan que la violencia de género podría ir en aumento como sucedió durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) el año pasado.

Es por esto que el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) envió a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad un decálogo con puntos clave para no desatender la problemática en medio de la pandemia.

“Nuestra recomendación es que hay que identificar los problemas del año pasado y garantizar que no se repitan”, sostuvo en diálogo con TN la abogada y directora de ELA Natalia Gherardi. Además, dijo en conversación con ese medio que si bien las restricciones actuales “no son las mismas que antes”, probablemente “volverán a impactar en las violencias y en las posibilidades de buscar ayuda”.

Una pandemia que potenció la violencia de género

Entre enero y diciembre de 2020, la línea 144, destinada a contener a mujeres en situaciones de violencias de género, atendió 108.403 comunicaciones. En marzo, recibió 1152 llamados menos que durante el mismo mes del año anterior (-20%), pero a partir de los efectos del ASPO, los totales de contactos mensuales siempre superaron los de 2019.

El 98% de las personas que se comunicaron con la línea fueron mujeres, el 63% de entre 15 y 44 años. En relación a los agresores, el 90% fueron varones. En el 44% de los casos, se trató de la expareja de la víctima y en el 39%, de la actual.

Cuáles son los puntos del decálogo de ELA

• Promover una respuesta Estatal capacitada y sensibilizada, interseccional y efectiva con atención presencial en la medida de lo posible. “Debe garantizarse la vuelta al funcionamiento presencial y en horario normal de todos los espacios que atienden, asesoran y acompañan a mujeres y LGTBIQ+ en casos de violencias. Asimismo, el MMGyD debe garantizar, en coordinación con las provincias y municipios, el acceso a recursos materiales y humanos que resguarden el derecho a una vida sin violencias”, sostuvieron.
• Fortalecer un abordaje integral e interseccional de las violencias de género. “Las acciones de escucha y asesoramiento necesitan ser acompañadas por políticas que permitan garantizar la autonomía física, económica y social de las mujeres”, enfatizaron.
• Garantizar el acceso a la Justicia. “Las instituciones deben ampliar sus espacios y posibilidades de atención presencial con horarios amplios, ya que las herramientas tecnológicas mostraron sus limitaciones”, indicaron. En la misma línea, afirmaron que es “indispensable” avanzar en la implementación del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
• Garantizar el acceso a la información y a una comunicación responsable. Durante el ASPO, la difusión de información supuso “la existencia de un acceso a la tecnología y/o centros especializados que no se condice con las realidades de muchas mujeres y LGTBIQ+ que viven en situaciones de pobreza y en lugares alejados de centros urbanos”. Por eso, remarcaron que la línea 144 “no remplaza otras formas de acompañamiento territorial”.
• Contribuir al fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el sostenimiento del trabajo en el territorio. Según un relevamiento de 2020, el 75% de las organizaciones vio como un gran obstáculo el “acceso a recursos económicos para solventar las actividades” y el 61% vio como un gran obstáculo la falta de “claridad en el funcionamiento del poder judicial durante el ASPO”. Por eso, reclamaron que las autoridades fortalezcan su vínculo y coordinación con todas las organizaciones locales.
• Promover políticas de reactivación económica con perspectiva de género. “La precarización laboral, el desempleo y los altos índices de inflación tuvieron un impacto diferencial en las mujeres y LGBTIQ+”, afirmaron. Según un informe que citaron, solo un 22,2% de las mujeres trans/travesti recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) mientras que un 66,7% no recibió ningún subsidio. Algo similar ocurrió con las mujeres migrantes: el 12,3% recibieron el IFE, el 12,3% percibe la AUH y el 79,7% no recibió ningún subsidio, siendo el grupo de mujeres que, junto con las mujeres afrodescendientes, presentaron mayores dificultades en acceder a las políticas públicas y beneficios sociales.
• La precarización laboral, el desempleo y los altos índices de inflación tuvieron un impacto diferencial en las mujeres y personas LGBTIQ+.
• Fortalecer la respuesta de los gobiernos provinciales y municipales. Durante el ASPO, la adaptación de las respuestas locales a las medidas nacionales, considerando las particularidades de cada territorio, “fue lenta y en muchos casos estuvo mediada por las demandas de las organizaciones de la sociedad civil”, indicaron. Por eso, sostuvieron que debe “promoverse una mayor participación social y política de las organizaciones sociales en el diseño e implementación de las políticas públicas”.
• Garantizar el derecho a la protección y autonomía física. En el contexto del ASPO, se denunciaron muchos casos de detección arbitraria que “reforzaron los estereotipos de persecución sobre personas LGTBIQ+ y de grupos sociales excluidos”, afirmaron. En esa línea, plantearon que el Ministerio de Seguridad debe avanzar en las capacitaciones sobre problemáticas de géneros y diversidades y monitorear y sancionar a los integrantes de las fuerzas que tengan antecedentes de violencias de género.
• Poner en agenda el cuidado como responsabilidad social. “El ASPO visibilizó y aumentó la carga de trabajo no remunerado que las mujeres asumen cotidianamente”, explicaron. Por eso, la reactivación económica y los planes pospandemia “deben contener como un componente central a los cuidados en sus distintas expresiones, incluyendo la posibilidad de contar con licencias, espacios de cuidado y compensaciones económicas”.
• Poner en agenda la precarización de las profesiones relacionadas al cuidado que se encuentran mayormente feminizadas. El último punto del decálogo de ELA plantea que hacen faltan medidas que “no deben reproducir cargas y tareas de responsabilidades que refuercen las desigualdades de género laborales”. “Deben discutirse propuestas de mejora sobre las condiciones de precarización de las profesiones mayormente feminizadas, desde una perspectiva de género e interseccionalidad”, aseveraron.

La línea 144 de información, atención y asesoramiento frente a situaciones de violencia de género continúa en funcionamiento y fue declarada como servicio indispensable. Atiende todos los días, las 24 horas. La comunicación puede ser telefónica, a través de WhatsApp (1127716463), vía mail (linea144@mingeneros.gob.ar) o desde la app para celulares.